Escribo esta carta como profesional del Ministerio de Justicia en Pamplona, tras meses de sufrir una situación que afecta gravemente a nuestra salud laboral. A raíz de la última reforma organizativa implantada el pasado 1 de enero en Pamplona, nuestras condiciones de trabajo se han degradado considerablemente. 

En espacios en los que antes estábamos 9 personas, hoy nos vemos obligados a hacinarnos hasta 18 trabajadores. La consecuencia logística es un caos diario de ruido constante, falta de ergonomía y estrés acústico que ya ha provocado un goteo constante de bajas laborales.

Lo más incomprensible de este sinsentido es que, al concentrarnos a todos en espacios reducidos, han quedado oficinas vacías en el propio edificio en algunos casos incluso al lado de oficinas sobrecargadas de personal.

Por si fuera poco, sufrimos un apagón informativo absoluto, respecto a qué uso se les va a dar a esas oficinas vacías o el porqué no se puede dividir al personal en el caso de las oficinas conjuntas.

Trabajar así no solo nos enferma, sino que merma el servicio público que merece la ciudadanía. Es paradójico que la propia Administración incumpla las normas de prevención de riesgos y transparencia en sus propias sedes judiciales. La transformación laboral no debe hacerse a costa de nuestra salud, del secretismo ni del desprecio a los recursos públicos.