Hay frases que nacen en la calle y que la política debería escuchar antes de despreciarlas. “Yo no soy racista, pero tampoco un pagafantas”. Puede que no sea una frase académica. Puede que no guste en los despachos del Gobierno de Navarra. Puede incluso que provoque algún gesto de superioridad entre quienes creen que determinadas preocupaciones ciudadanas solo pueden venir de la extrema derecha. Pero esa frase existe. Y existe porque hay gente que está harta de que cada vez que pregunta por inmigración, fronteras, seguridad o gasto público alguien saque el comodín del racismo para cerrar la conversación. Se acabó.

Los navarros tienen derecho a preguntar. Y María Chivite tiene la obligación de responder. Lo sucedido en Ceuta no es una simple anécdota migratoria. Es una crisis fronteriza que afecta directamente a España y que vuelve a demostrar que nuestras fronteras pueden convertirse en escenario de conflictos diplomáticos y políticos.

Y mientras España intenta gestionar las consecuencias, algunos gobiernos autonómicos parecen competir por demostrar quién puede ser más solidario con dinero ajeno. Ahí está Navarra. El Gobierno de María Chivite ha mostrado su disposición a colaborar en la acogida de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta. Una decisión que puede presentarse como solidaridad, pero que no puede quedarse en una palabra bonita. Porque la solidaridad sale de alguna parte. Sale de los presupuestos. De los impuestos. Sale de los recursos públicos. Y, por tanto, los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto cuesta. No dentro de seis meses. No cuando llegue la factura. Ahora.

¿Cuántos menores va a recibir Navarra? ¿Cuánto costará su atención? ¿Qué parte pagará el Estado y qué parte asumirá la Comunidad Foral? ¿Dónde serán alojados? ¿Qué recursos educativos y sociales se utilizarán? ¿Cuánto tiempo permanecerán bajo tutela? ¿Qué capacidad real tiene Navarra para asumirlos?

Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿Dónde está el límite? Porque ningún Gobierno puede gestionar una política pública diciendo que el límite no existe. Navarra no es una ONG. Es una comunidad con un presupuesto limitado, con ciudadanos que pagan impuestos y con unos servicios públicos que tienen que atender unas necesidades concretas. Y decir esto no es ser insolidario. Es entender cómo funciona un presupuesto. Lo que resulta profundamente irresponsable es presentar cualquier crítica como racismo. Porque así se consigue algo muy sencillo: que nadie hable del problema. Y mientras unos se dedican a repartir etiquetas, el Gobierno evita responder a las preguntas importantes. Eso es lo que debería preocuparnos.

El PSN debería reflexionar sobre esto. Porque gobernar no consiste en competir por el aplauso de las redes sociales ni en demostrar quién tiene el corazón más grande. Gobernar consiste en tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Y acoger a menores extranjeros es una decisión política. Por tanto, puede y debe ser discutida políticamente. Porque parece que algunos políticos han decidido que los ciudadanos somos suficientemente adultos para pagar impuestos, pero no para debatir en qué se gastan. Eso no puede ser.

Tampoco debemos caer en el extremo contrario. Un menor no es responsable de haber llegado a España. No es responsable de las decisiones de Marruecos. No es responsable de las políticas del Gobierno central. Y, por supuesto, no merece ser convertido en enemigo. Pero proteger a un menor no obliga a cerrar los ojos ante el problema migratorio. Se puede proteger al menor y controlar la frontera. Se puede ser solidario y exigir límites. Se puede rechazar el racismo y defender una política migratoria mucho más firme.

Lo que no se puede hacer es utilizar al menor como escudo político cada vez que alguien cuestiona las decisiones del Gobierno. Porque eso tampoco es solidaridad. Eso es demagogia.

Y hay algo más que los dirigentes navarros deberían entender. Cuando un ciudadano pregunta cuánto cuesta algo y recibe como respuesta “racista”, deja de escuchar. Cuando pregunta por seguridad y recibe como respuesta “xenófobo”, deja de confiar. Cuando pregunta por los límites de la acogida y recibe como respuesta “insolidario”, empieza a pensar que quizá nadie quiere responderle. Y ahí es donde nace el cabreo.

El problema no es que los ciudadanos hagan preguntas incómodas. El problema es que los políticos no quieran contestarlas. Por eso, señora Chivite, no hace falta llamar racista a nadie.

Haga algo mucho más sencillo. Ponga las cifras encima de la mesa. Diga cuántos menores va a recibir Navarra. Diga cuánto va a costar. Diga quién lo va a pagar. Diga qué recursos existen. Diga cuál es el límite. Y explique a los navarros qué política migratoria está defendiendo su Gobierno. Después podremos discutir. Los que estén a favor podrán defenderla. Los que estén en contra podrán criticarla. Y los ciudadanos podremos decidir quién tiene razón. Pero no nos pidan que aceptemos decisiones políticas con la boca cerrada y la cartera abierta.

juan antonio extremera