Es difícil explicar con palabras la angustia que supone esperar durante más de 18 meses a que se reconozca el grado de discapacidad de una persona. Mis padres llevan más de un año atrapados en un laberinto administrativo donde la única respuesta que reciben es “hay que esperar, hay muchas solicitudes y poco personal”. 

Mientras tanto, la vida continúa, y los derechos, los apoyos y la autonomía que deberían acompañarles se diluyen en la indiferencia.

El Real Decreto 888/2022 establece que la Administración tiene un plazo máximo de seis meses para dictar resolución. Sin embargo, en Navarra se han multiplicado por cuatro esos plazos, dejando a familias enteras en una incertidumbre insoportable. No hablamos de un retraso burocrático menor: hablamos de vidas paralizadas, proyectos suspendidos y dignidad postergada.

Esta realidad choca con la obligación del sistema de garantizar la protección de los derechos sociales, mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. Frente a este silencio administrativo, uno se pregunta qué papel cumple realmente la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y cómo se concilia este retraso con los discursos sobre compromiso social y cuidado de los más vulnerables.

Es imposible permanecer impasible ante una situación que condena a esperar a quienes más necesitan apoyo.

Por ello, la pregunta que debemos hacernos es clara: ¿puede considerarse un sistema que retrasa casi dos años el reconocimiento de derechos fundamentales, capaz de proteger, garantizar autonomía y calidad de vida…? ¿Cuántos quedarán por el camino y cuánto se ahorra el sistema mientras tanto a costa de las personas?