Hay decisiones que, más allá de su legalidad, interpelan directamente nuestra idea de justicia. La reciente resolución 26/2026 que afecta a varias aulas concertadas en Navarra es una de ellas. Y a través de estas líneas, como parte de la familia que formamos en Santa Ana Estella me gustaría hacer referencia a los 4 centros (Santa Ana Estella, Lizarra Ikastola, San Cernin y Maristas) que aun habiendo recibido un número de preinscripciones que les permiten mantener sus aulas concertadas se les niega el derecho.

En concreto, el colegio Santa Ana de Estella recibió 29 solicitudes, teniendo en cuenta que la ratio en las escuelas concertadas es de 25, contamos con dos aulas. Sin embargo, se alude a una supuesta sobreoferta en la zona para intentar justificar la eliminación de una de ellas. Y resulta que, examinando los datos, el centro público de nuestra localidad ha obtenido un total de 18 solicitudes, lo que supone un aula (como ya tenían el curso pasado). Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Pues desde educación se ha optado por obligar a cuatro familias que han elegido nuestro cole a irse, asegurándoles una plaza en el centro público (el único en Estella con el mismo modelo que habían elegido), lo que les permitiría teniendo en cuenta las ratios aplicadas en la pública la apertura de una segunda línea sin haber recibido solicitudes para ello.

Pero no todo vale. No vale cambiar las reglas del juego cuando el partido ya ha terminado. No vale tomar decisiones una vez que las familias han elegido, confiado y proyectado el futuro se sus hijos e hijas. No vale generar incertidumbre donde debería haber seguridad. No vale discriminar. No vale establecer diferencias entre familias que, con los mismo derechos y obligaciones, sostienen el mismo sistema educativo. No vale señalar unas opciones como menos legítimas que otras. No vale excluir.

Detrás de cada número hay un niño, una familia, una historia. Hablar de “sobreoferta” o de “ajustes” puede resultar técnico, pero la realidad es mucho más concreta: hay niños y niñas que se quedan fuera del proyecto educativo que sus familias han elegido. Y no vale, en ningún caso, vulnerar derechos fundamentales. La libertad de elección de centro no es un privilegio, es un principio reconocido que forma parte de nuestro modelo educativo y de nuestra convivencia democrática.

En educación, las formas importan tanto como el fondo y por supuesto que el fin no justifica los medios. Porque educar no es solo transmitir conocimientos: es construir confianza, coherencia y sentido de justicia. Cuando esas bases se resquebrajan, el daño va mucho más allá de una decisión administrativa. Quizá por eso conviene recordarlo, alto y claro: No todo vale. Y menos cuando hablamos de la educación de nuestros hijos e hijas.