Las recientes declaraciones de la consejera Rebeca Esnaola en la Comisión de Cultura y Deporte merecen un análisis más profundo, ya que las conclusiones que extrae de sus propios datos carecen de rigor estadístico. 

La consejera presentó una comparativa sobre la asistencia a las piscinas de Guelbenzu y Larrabide argumentando que“como el 71,36 % de usuarios de Larrabide asiste menos de 10 días en verano, sus 2.173 abonados anuales pueden ser absorbidos sin problema por Guelbenzu”. La consejera junta peras con patatas y oculta deliberadamente a la mayor parte de los usuarios.

Consejera, esta solución omite de forma flagrante a una inmensa parte de los usuarios reales de Larrabide que no tienen abono anual: 2.445 abonados de verano y 8.258 personas que sacan entrada de día. Si aplicamos su famoso 71,36% sobre el volumen real de usuarios, hablamos de más de 9.000 personas. Pretender encajar a esta población en Guelbenzu, que cuenta con un aforo máximo de 600 personas, no es optimización; es garantizar matemáticamente el colapso.

Señora consejera, las personas no somos porcentajes. Apoyarse en la frecuencia de uso para medir la viabilidad de un aforo es como argumentar que, dado que la mayoría de los vecinos usa el transporte público de forma esporádica, podemos sustituir las villavesas por furgonetas de diez plazas. Un servicio público no se diseña para los días de poco uso, sino para garantizar que todo ciudadano con derecho tenga su espacio en horas punta.

Además, el sesgo estadístico esconde un grave impacto social. De los 2.445 abonados de verano que la consejería borra del mapa, el 72,5 % (1.774 personas) lo hace mediante abonos familiares o de tarifa reducida. Y de las 8.258 entradas únicas que se venden durante el verano, el 58,4 % (4.827 personas) son entradas de tarifa reducida o familiar. Hablamos de familias de Pamplona, personas jubiladas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad para quienes estas piscinas no son un capricho, sino su única alternativa de ocio y refugio climático estival.

Cerrar el acceso efectivo a estas familias derivándolas a unas instalaciones en las que, literalmente, no caben, no es ofrecer “una alternativa para el barrio”. Es, sencillamente, un recorte de servicios públicos maquillado con gráficos de barras que carecen de rigor estadístico. Los números brutos no engañan, y el aforo de Guelbenzu, tampoco.