Hace unos días pude leer en estas páginas un artículo de opinión de Don Mateo Miranda, presidente de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores de Navarra, que en parte comparto y sobre el que me gustaría aportar información. Para comenzar, mostrar mi total acuerdo con la conclusión principal del presidente de LARES: muchas residencias rurales municipales que atienden a nuestros ancianos están económicamente o colapsadas o a punto de colapsar. A los nombres aportados por el autor, Erro, Sangüesa, Betelu, Ochagavía…quisiera yo añadir de un nuevo nombre, Castejón. Y advierto de que la lista irá aumentando. 

La residencia de Castejón, cuyas cifras son las que mejor conozco, si fuera una empresa privada, estaría en situación de concurso voluntario. Para que nos entienda el lector, en quiebra. Las cifras son claras: la residencia supone unos gastos de dos millones de euros anuales, generando unas pérdidas de resultado de explotación de un millón doscientos mil euros anuales. Todo ello sobre un presupuesto aproximado de diez millones de euros. Afortunadamente, la residencia pertenece al Ayuntamiento, ya que, si no, hubiera habido que cerrarla hace muchos años. Pero su coste actual es insostenible. 

La progresión de gasto no es asumible para las cuentas municipales. Simple y llanamente, Castejón, con unos gastos de amortización de deuda de quinientos mil euros anuales, y unos gastos imputables a la gestión y mantenimiento de la residencia de dos millones de euros anuales, ve reducido su presupuesto real a siete millones y medio de euros, del todo insuficiente para hacer frente al mantenimiento de todas las infraestructuras y gastos municipales, y eso a pesar de que , en esta legislatura, ha aumentado el presupuesto en más de un millón y medio de euros respecto a presupuestos de legislaturas anteriores. 

La existencia de una residencia de ancianos, de la atención a nuestros mayores, no es una obligación legal de los Ayuntamientos, sino del Gobierno de Navarra. Los ayuntamientos queremos que nuestros ancianos se queden en su pueblo, cerca de su entorno y su familia, por entender que, no solo es lo mejor para ellos, sino lo menos que merecen. Además, queremos que tengan los mejores servicios y que estén cuidados de la mejor manera, por los mejores profesionales. Y para ello creemos que hay que pagar adecuadamente a esos trabajadores de nuestras residencias. Pero es cierto que el déficit crece y crece, como exponía el señor Mateo Miranda, hasta hacerse insostenible. Y no queremos ni pensar lo que ocurrirá cuando esa imposibilidad de financiar esos costes llegue a nuestro pueblo. Porque queremos a nuestros mayores aquí, queremos a nuestros trabajadores aquí, y queremos bien cuidados a los primeros y bien pagados a los segundos. 

Por eso, entiendo que el Gobierno de Navarra tiene que hacer algo, mover ficha, para que los municipios podamos prestar este servicio solidario, social y comprometido como es el cuidado de nuestros mayores en el medio rural de una forma digna y sostenible. Entre otras cuestiones, esta es una actuación importante para evitar la despoblación. Entiendo que el Gobierno de Navarra tiene que hacer un profundo análisis que le lleve a sufragar, cuando menos, la mitad de este déficit anual, considerando que suya es la competencia, y de todos, la responsabilidad con nuestros mayores. Deberán cambiarse las condiciones de los conciertos, crear ayudas directas, o valorar la existencia de este servicio y su coste en la fórmula del reparto del fondo.

Cualquier decisión es más justa, social y razonable que el tener que vernos obligados a cerrar nuestras residencias, despedir a nuestros trabajadores, y tener que acomodar a nuestros ancianos en municipios con los que no tienen vínculo, en los que no tienen familia, y a los que no les ata ninguna historia ni ningún recuerdo. Estamos a tiempo, con lealtad y responsabilidad, de revertir este serio problema. Pero el tiempo se acaba al mismo tiempo que la deuda aumenta y los recursos municipales se hacen más escasos.

De nada nos vale a los castejoneros recibir algo más de un millón de euros del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes, si el dar servicio en la residencia municipal a treinta y cuatro ancianos, que, ¡ojo!, no solo son de Castejón, nos cuesta dos millones de euros, el doble que lo que recibimos del fondo de reparto. Necesitamos ayuda. Los ayuntamientos que tenemos residencias públicas de ancianos necesitamos ayuda urgente. Necesitamos que se actúe de forma coordinada y rápida para solucionar esta evidente e insostenible falta de financiación. Trabajemos juntos de forma leal y coordinada para que el importe de la plaza convenida se acerque cada vez más al coste real del servicio. Si alguien merece el esfuerzo, ese alguien, son nuestros mayores. 

Noelia Guerra Lafuente. Alcaldesa de Castejón.