Quisiera denunciar públicamente una situación, que por desgracia es habitual y que hoy en día afecta a la dignidad y a los derechos de muchas personas.

Mi madre tiene una discapacidad visual y acude con regularidad a su centro de salud de Iturrama. Cada vez que esto ocurre debe ir acompañada por alguna de sus hijas por la imposibilidad de hacerlo sola de manera segura porque el único ascensor del centro no cumple con la normativa ni europea (UNE-EN 81-70 de accesibilidad de ascensores) ni española (Real Decreto 355/2024) por la cual se debe garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad visual puedan usar el ascensor con seguridad y autonomía.

Faltan botones en braille y tacto, faltan señales auditivas, faltan indicadores visuales y luminosos con números de pisos grandes y bien visibles, falta iluminación. Falta todo.

Los centros de salud son edificios públicos y deben cumplir estas normas obligatoriamente y más en un barrio cada vez más envejecido. La accesibilidad no es un lujo, es un derecho y una obligación legal. No se puede hablar de una atención integral mientras se excluye a una parte de la población y además vulnerable. Si hay impuestos que sirvan para algo.

Ana Isabel Fernández García