Café para todos y la Ley para la Reforma Política fueron las dos grandes medidas estrella del aclamado político Adolfo Suárez. Años después, al hacer una valoración justa, neutral y rigurosa, la pregunta sigue en el aire: ¿ha merecido la pena?, ¿han sido realmente eficaces e igualitarias?, ¿a quién han beneficiado de verdad?

Resulta complejo desentrañar todos los factores socioeconómicos que han marcado estas décadas de democracia, pero es innegable que el país ha atravesado una auténtica montaña rusa, con curvas y pendientes vertiginosas. La democracia española ha combinado avances institucionales con una creciente desafección ciudadana hacia la política y sus élites.

Un terrorismo despiadado, los llamados “chiringuitos” políticos, las comisiones del 3%, pelotazos urbanísticos, malversación, tráfico de influencias, nacionalismos capturados por mafias familiares, episodios de rebelión y sedición, un incremento de delitos violentos, precios disparados, okupación, inmigración descontrolada y una corrupción cronificada en las instituciones han lastrado seriamente la credibilidad del sistema. Todo ello ha ahondado la percepción de que la democracia funciona, pero lo hace con importantes déficits de calidad y de ejemplaridad pública.

A este panorama se suma una burocracia pesada, con duplicidades constantes entre administraciones autonómicas y estatales que encarecen la gestión y desesperan al contribuyente. La proliferación de organismos que no cooperan de forma eficaz se ha hecho especialmente visible en crisis recientes, como la pandemia de la COVID-19 o grandes catástrofes naturales, donde la coordinación institucional ha sido claramente insuficiente. Es cierto, sin embargo, que en términos de bienestar material la ciudadanía disfruta hoy de más comodidades: mejores viviendas, electrodomésticos, coches, telecomunicaciones, alta velocidad ferroviaria, vuelos de bajo coste o comercio electrónico al alcance de casi todos. A ello se añaden nuevos derechos y servicios, así como un mayor reconocimiento jurídico de la diversidad personal y social.

En definitiva, esta es una breve radiografía de lo vivido durante estos años de democracia en España: un país objetivamente más próspero, pero también más cansado y desconfiado de su clase política. La cuestión clave ya no es solo si estamos mejor, sino qué tipo de democracia queremos y cuánto estamos dispuestos a exigir para dignificarla.

Desde una perspectiva personal, el deterioro político y la degradación de las instituciones están empujando a España hacia un caos institucional que amenaza el propio Estado de bienestar. Si no se corrige el rumbo, el riesgo es avanzar hacia un Estado formalmente existente, pero en la práctica endeudado, debilitado, dividido y enfrentado consigo mismo; un escenario tan incómodo como peligroso.

Alfonso Orlando Machimbarrena