El despliegue militar en Johannesburgo, decidido el jueves por primera vez desde el final del Apartheid en 1994, recuerda paradójicamente a la época en que el régimen segregacionista recurría al Ejército para sofocar las protestas de los negros.
La policía y los servicios de la fiscalía general anunciaron el viernes medidas excepcionales para tratar "rápidamente y severamente" los casos de violencia y estudian la creación de tribunales especiales.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch urgió al gobierno sudafricano a "proteger a las víctimas para garantizar la justicia" asegurándose de que los inmigrantes, muchos de ellos ilegales, puedan testificar.
A los extranjeros, entre los que destacan tres millones de zimbabuenses, se les acusa de apoderarse de los empleos y de contribuir a la criminalidad en un país donde el desempleo y la extrema pobreza afectan a un 40% de la población.
Sudáfrica se disculpó el viernes por estos ataques xenófobos, mientras que en los países vecinos crece el temor a represalias contra los intereses sudafricanos. Pese a que la ola de violencia deteriora la imagen de Sudáfrica, el presidente, Thabo Mbeki, se ha limitado a emitir un comunicado en el que promete que la policía llegará hasta "las raíces de la anarquía".
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