Cataluña cobrará los gastos en caso de negligencia a partir de octubre y el País Vasco estudia esta opción
Cataluña cobrará, a partir de octubre, a los ciudadanos los gastos del rescate en zonas de riesgo o difícil acceso cuando sea debido a "conductas imprudentes o temerarias". Esta iniciativa ha hecho que se reabra el debate y que otras comunidades como País Vasco estén estudiando la posibilidad.
Sin embargo, en Navarra no se plantea cobrar los gastos ya que, según el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, "si se demuestra una actuación punible, se determina judicialmente quién se hace cargo de los gastos".
De todas formas, el consejero añadió que, en un principio, no se contempla la modificación de la normativa por su complejidad pero que se prestará atención a las distintas experiencias que se planteen. Así otras comunidades como Asturias también están pendientes del desarrollo de la ley de cara a implantarla. Otro ejemplo, en Cantabria se publica el precio de los rescates desde hace años.
Descenso de operaciones
El planteamiento de Cataluña aparece ya en una normativa aprobada en febrero de 2005. Así se convirtió en la primera comunidad en legislar este asunto. De hecho, tras la publicación del reglamento en el Boletín Oficial de la Generalitat, los equipos de rescate catalanes notaron un considerable descenso en la cifra de operaciones.
Javier Caballero afirmó que atender las emergencias forma parte de un servicio esencial. En algunos casos, si se demuestra que se ha debido la intervención a una actuación punible se deriva a los juzgados y estos son los que determinan las responsabilidades económicas. "De todas formas, estaremos atentos a las distintas experiencias y analizaremos la realidad práctica pero un servicio esencial como es una emergencia de estas características se atiende, aunque también se dan atenciones que podrían tener otro enfoque. Hay ocasiones en que las asistencias se trasladan a una vivienda para abrir la puerta si existe una emergencia: un niño encerrado, una persona enferma... Pero si es un olvido de unas llaves, lo mejor es llamar al cerrajero", indicó.
Caballero añadió que en un principio este asunto nunca ha conllevado problemática. "Se pueden dar tres circunstancias: las personas federadas ya aseguradas, los casos punibles-denunciables, y aquellos que sin intervención judicial sería muy complejo determinar si el suceso se ha debido a una situación normal o existe responsabilidad por parte de la persona rescatada", señaló.
Además, el Gobierno de Navarra cuenta con un convenio con el consorcio nacional de seguros Unespa por el que recibe una compensación anual que ronda los 1,5 millones de euros. "Se trata de la cantidad que recibe el Gobierno de Navarra por el ahorro que les suponen a las aseguradoras los costes de las emergencias. Si un montañero cuenta con licencia federativa y sufre un incidente, el seguro debería enviarle los medios para su rescate. Por eficiencia, es el Gobierno de Navarra el que lleva a cabo estas labores y por el que recibe una compensación", dijo.
El gasto que los rescates suponen para el Ejecutivo foral es complicado de calcular, ya que intervienen distintos grupos (Policía Foral, Guardia Civil...) y medios (helicóptero, perros rastreadores...). La Agencias Navarra de Emergencias cuenta con un presupuesto total de 35 millones, de los que 19 se destinan a personal. Ello les permite realizar más de 300.000 intervenciones de todo tipo.
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Un grupo de bomberos realizando prácticas de rescate en montaña. IVÁN BENÍTEZ/ARCHIVO
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