El Consejo de Ministros aprobó este martes 25 de marzo el proyecto de ley para la protección de los menores en el ámbito digital que, entre una amplia batería de medidas y reformas, eleva de los 14 a los 16 años la edad mínima en España para poder abrir una cuenta en una red social o suscribirse en una plataforma. Los menores de 16 solo podrán hacerlo con la autorización explícita de sus padres o tutores legales.

El texto, que el Ejecutivo remite ahora al Congreso para su tramitación y aprobación definitiva, dice que la edad mínima para dar el libre consentimiento al tratamiento de los datos personales por los distintos operadores de de internet (sin el cual es legalmente imposible darse de alta en una de estas plataformas) se eleva a los 16 años.

Esta limitación solo funcionará si los poderes públicos son capaces de hacer cumplir a las empresas de la red otra de las obligaciones que les impone la norma, disponer de un sistema "efectivo" de verificación de edad para el acceso, nada parecido al coladero actual. Si esta obligación no se cumple, la reforma será papel mojado.

Estos son algunos de los principales cambios y disposiciones: 

PLAN DIGITAL DE CENTRO

Los colegios e institutos deberán regular expresamente cómo se usarán los móviles, tabletas y ordenadores tanto en el aula como en el resto de instalaciones y actividades escolares y lo harán de acuerdo a las normas autonómicas que hay o se aprueben. Deben aclarar qué dispositivos digitales podrán usar los alumnos, para qué tareas y a qué edades.

UN NUEVO DERECHO

Incluye al uso y disfrute seguro del entorno digital como un derecho. Los menores "tienen derecho a ser protegidos eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo" y "a recibir información suficiente y necesaria en un lenguaje apropiado a su edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos".

ORDEN DE ALEJAMIENTO DIGITAL

Introduce en el Código Penal la pena de alejamiento digital. Es el equivalente virtual de la prohibición de comunicación o del alejamiento físico de las víctimas. Es la prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros o plataformas durante un tiempo determinado. Esta pensada para proteger a las víctimas del maltrato familiar, el ciberacoso, la violencia de género o las agresiones sexuales.

CÁRCEL POR 'DEEPFAKES'

Se crea un nuevo delito para castigar con entre uno y dos años de cárcel la manipulación de imágenes o de voces de terceros mediante inteligencia artificial, difundidas por internet sin su permiso y con contenido sexual o vejatorio. Si la difusión es masiva, la pena será de dos años.

AGRAVANTE DE IDENTIDAD FALSA

El uso de identidades ficticias en internet, incluidos edades o sexo falsos, para facilitar la comisión de delitos por los pederastas (el 'grooming') pasará a ser una circunstancia agravante y hará que la pena correspondiente se ponga en su mitad superior. Delito de difusión de pornografía Se convierte en un nuevo delito del Código Penal la difusión de material pornográfico de forma indiscriminada, que lo pone a libre disposición de los menores.

RETIRADA URGENTE DE CONTENIDOS

Extiende los procedimientos judiciales y de actuación rápida para la retirada de contenidos audiovisuales piratas de páginas web o de intercambio, o incluso para su cierre, a las que vulneren los derechos de la infancia.

CONTROL PARENTAL DE OFICIO

Todos los móviles, tabletas u ordenadores que se vendan en España estarán obligados a incluir un sistema de control parental eficaz y gratuito para proteger a los menores de los riesgos del manejo de estos dispositivos y de la navegación por internet. Los fabricantes y proveedores tendrán que ofrecer la activación del sistema por defecto en el proceso de configuración inicial del dispositivo, como ocurre por ejemplo con la elección de idiomas.

ALERTAS Y VERIFICACIÓN DE EDAD

El dispositivo de control parental formará un triángulo protector con el deber de los proveedores de utilizar un sistema "eficaz" de verificación de edad para dar acceso a contenidos de adultos (pornografía, apuestas, violencia) y con su obligación de etiquetar con alertas claras los contenidos inapropiados para menores así como los potenciales riesgos de sus productos y funciones.

A LA CAZA DE ADICCIONES

Los pediatras y enfermeras deberán incorporar a sus test habituales preguntas que permitan identificar de forma precoz el uso problemático o la adicción a pantallas y redes sociales, para proporcionar a los adolescentes ayuda especializada en los centros específicos que deben crearse.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Ordena la puesta en marcha de una estrategia nacional de protección digital de la infancia, con medidas a corto, medio y largo plazo. Una de las medidas básicas es un programa de alfabetización digital, que se impartirá de primaria a bachillerato, para dar a los menores herramientas de protección frente a riesgos y de detección de 'fake news'. No es una asignatura concreta sino que impregnarán toda la educación, para lo que los docentes deberán recibir también formación específica. Otras actuaciones serán las campañas de sensibilización sobre riesgos destinadas a familias (con especial hincapié en la pornografía), las escuelas municipales de padres y madres o la creación de áreas juveniles lúdicas y de ocio presenciales.

OBLIGACIONES DE 'INFLUENCERS'

Los grandes operadores de comunicación y los 'influencers' deberán disponer de sistema de verificación de edad "efectivo", de enlaces a canales de denuncia, avisar de forma "inequívoca" si van a emitir contenidos inapropiados para menores, pornográficos o violentos, y separarlos del resto.

PROHIBICIÓN DE ACCESO A CAJAS BOTÍN

Los menores tendrán prohibido el acceso a 'cajas botín' de videojuegos. Una compra sorpresa en la que el jugador espera que le salga el arma que precisa para ganar, la herramienta o la clave con que superar el reto. Una vez la abona, la caja se abre y desvela el premio. La mayoría de veces le sigue el chasco, pero el juego permite probar suerte con otro cofre y otro pago. Y así, enganchado, hasta que se quiera o se pueda.