Los plazos para reclamar por el cártel de los coches se están agotando. A pesar de que la industria automovilística se enfrenta a numerosas reclamaciones por este asunto, en el que están involucradas más de 30 marcas de automóviles, muchos consumidores afectados no saben cómo pueden actuar, y lo que es peor, se les está acabando el plazo para ello.

En su momento, entre los años 2006 y 2013, estas empresas pactaron descuentos máximos y condiciones comerciales para la venta de sus vehículos. Estas acciones son contrarias a la libre competencia, lo que derivó en una actuación judicial, sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ya confirmó el Tribunal Supremo en el año 2021.

Los consumidores que adquirieron un vehículo entre febrero de 2006 y agosto de 2013 podrían haberse visto afectados por este cártel de los coches, lo que da un total de unos 10 millones de consumidores en toda España. Los expertos calculan que las compañías automovilísticas deberán devolver hasta el 15% del precio de la compra y los servicios del coche, en una estimación que se cuantifica en 2.500 euros de media por vehículo.

Las sanciones de la CNMC se activaron ya en 2015, cuando las compañías fueron acusadas de intercambiar información confidencial para controlar el mercado de distribución y venta. Varios bufetes de abogados especializados y asociaciones de consumidores y usuarios han profundizado en el tema para hallar una solución global, o lo más amplia posible, para con los consumidores.

Desde Arriaga Abogados señalan que el plazo de prescripción para la presentación de una posible reclamación finaliza en un año desde el dictado de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, lo que llevaría a este 2022 como la fecha límite.

Las distintas compañías automovilísticas que realizaron estas malas prácticas se están enfrentando a una intensa actividad judicial que puede poner fin, en lo que se refiere a la intercepción de demandas, en el transcurso de este año. Hay varios plazos límite para reclamar por el cartel de los coches. En la url de destino aparece la información concreta para cada marca. El plazo para reclamar es breve y depende de cada marca. Por ejemplo, Citroen y Peugeot tienen de plazo para iniciar la reclamación hasta abril.

Los consumidores que quieran reclamar deben interponer una demanda judicial que debe ir acompañada de un informe judicial donde se señale claramente el sobrecoste sufrido y la indemnización a percibir. La reclamación debe ser presentada en el Juzgado de lo Mercantil y debe ir acompañada de la factura y el contrato de compraventa del coche.

En caso de no estar en posesión de estos documentos se puede solicitar a Hacienda la documentación necesaria, aunque muchos afectados están expresando que la Administración está poniendo trabas para acceder a esos datos. Otro documento de obligado cumplimiento en la reclamación es la ficha técnica del vehículo o el permiso de circulación del mismo.

Otro apunte interesante es que los afectados pueden reclamar los daños sea cual sea el estado administrativo del coche, pues lo que se mide es la compra, no si el vehículo está en uso. De este modo, incluso si el coche se ha vendido o se ha dado de baja, es posible la reclamación en aquellos casos en los que se conserve toda la documentación y se demuestre que el perjuicio económico es real.

Desde que el Tribunal Supremo ratificara las sanciones de la CNMC ya han sido publicadas varias sentencias que han dado la razón a los afectados que han ejecutado su reclamación. Sin embargo, es importante señalar que el trámite no es rápido, pues es un proceso que puede alargarse hasta por cinco años.

Además, la indemnización no está garantizada al 100%, pues son reclamaciones muy complejas y el Tribunal Supremo no sentencia en ningún momento que haya derecho a una indemnización. Esto obliga a los posibles afectados a demostrar ante un juez que pagaron un sobreprecio en la compra del vehículo.

Otro punto interesante es que ese 10 o 15% de media en el sobreprecio no implica que la indemnización vaya a encontrarse en ese rango, pues eso es decisión del juez. Igualmente, la vía tradicional, que lleva a contratar un abogado y a afrontar gastos de notaría, informe pericial y procurador, puede verse acompañadas del pago de las costas del proceso si se pierde el juicio.