En el Día Internacional del Lobo, la especie atraviesa en España una etapa de inestabilidad jurídica, con un régimen de protección fragmentado por comunidades y una disputa abierta sobre su estado de conservación que enfrenta al Gobierno central con buena parte de las autonomías loberas. 

En 2021, el lobo fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), aunque una modificación legal aprobada por el Congreso en 2025 lo excluyó de este régimen al norte del río Duero y devolvió a esas autonomías parte de las competencias sobre su gestión.

Desde entonces, la aprobación de medidas de control letales permanecen condicionadas por distintas resoluciones judiciales, mientras que al sur del Duero el lobo mantiene su régimen de protección estricta.

La situación se ha agravado desde junio por la discrepancia sobre el último informe sexenal que España debe remitir a la Comisión Europea, ya que las comunidades aprobaron el documento elaborado por la Xunta de Galicia que concluye que el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable.

A este documento únicamente se opusieron el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y Cataluña, mientras que Castilla-La Mancha y País Vasco se abstuvieron.

El ministerio sostiene que su informe alternativo, elaborado a partir de "información autonómica y documentación científica" es el que cumple los criterios metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea.

La Xunta, por su parte, ha acusado al Ejecutivo central de estar "dilatando injustificadamente" el envío de los datos a Bruselas y ha advertido de que España ya afrontó un procedimiento de infracción por el incumplimiento de esta obligación, que venció en julio de 2025.

"El retraso que acumula España en el envío de los informes sexenales previstos en la directiva europea podría tener además implicaciones a nivel comunitario y comprometer la valoración sobre tendencias de conservación no solo del lobo, sino de otras especies y hábitats", sostiene la Xunta en un comunicado.

FRAMENTACIÓN POR COMUNIDADES

Mientras continúa el enfrentamiento institucional, el último recuento oficial correspondiente al periodo 2021-2024 sitúa en 333 el número de manadas de lobos en España.

Las comunidades consideran esta cifra suficiente para habilitar su caza, frente a las 500 manadas que la Comisión Europea ha establecido como referencia para considerar un estado favorable de conservación, a las que el Gobierno español se remite.

En este sentido, la fragmentación jurídica es especialmente visible en el territorio: Cantabria permite controles letales con cupos anuales limitados a un máximo del 20 % de la población, en Asturias se mantiene paralizada su caza por decisión judicial y Galicia tampoco puede autorizarla por orden del Tribunal Superior de Xusticia.

Por su parte, Castilla y León permanece a la espera del informe definitivo del Miteco y La Rioja es actualmente la única comunidad que ha catalogado al lobo como especie cinegética y permite autorizar batidas entre octubre y febrero con la correspondiente autorización.

UNA INTERPRETACIÓN "INTERESADA Y POLÍTICA"

Para la organización ecologista WWF, esta situación parte de una interpretación "interesada y política" de las comunidades para poder aplicar los planes de control, según explica a EFE su coordinador de conservación, Luís Suárez.

Súarez defiende que "no hay evidencia científica" de que matando lobos se solucione el problema y apuesta por cambiar el modelo de gestión, centrándolo no solo en cuándo se alcanzará un estado de conservación favorable, sino en cómo garantizar la coexistencia entre la especie y las comunidades rurales.

"Matando lobos y con este modelo que seguimos empeñados en mantener, que es un modelo del siglo pasado, no vamos a hacerle ningún favor ni al lobo, ni a los ecosistemas donde habita, ni a las comunidades rurales que viven con él", concluye.