La terraza del Medusa Beach Club, que se derrumbó la pasada semana causando cuatro muertos, entre ellos la pamplonesa Mariama Syll, y 16 heridos, no disponía de licencia de actividad ni de ocupación.

Lo ha confirmado este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de varios informes emitidos por los departamentos municipales de Obras, Actividades, Disciplina Urbanística, Protección de la Edificación y Bomberos.

Martínez ha adelantado que el Consistorio dará traslado de los informes a la Policía Nacional y a la Fiscalía y que, en caso de abrirse una causa penal, se personará.

El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, por su parte, ha apuntado como principal hipótesis del derrumbe a la suma de los sobrepesos provocados por unas obras y por una sobrecarga de comensales.

Sobre este último extremo, García ha apuntado a la posibilidad de que una recolocación de las mesas para acoger a un grupo de 12 personas acabara por provocar el colapso que desembocó en el derrumbe. En la terraza, ha añadido, habría en aquel momento una veintena de personas.

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Respecto al contenido de los informes, el del área de Actividades confirma que la planta sótano dispone de licencia de bar musical, la baja tiene licencia de restaurante, mientras que la terraza, como ha adelantado el alcalde, no tenía ni licencia de actividad ni de ocupación.

El informe de Obras, por su parte, constata que no había ninguna solicitud de licencia de obras y el de Disciplina Urbanística, que se abrieron expedientes en 2013, aunque ninguno referido a la zona del derrumbe.

Sin embargo, en aquel año sí que se hicieron unas obras en el local que, entre otras medidas, supuso la aplicación de una capa de mortero y el recubrimiento de baldosas, lo que provocó el sobrepeso al que se ha referido el jefe de Bomberos.

En 2023, además, el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias.

En este punto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apelado a la responsabilidad de los propietarios. "No podemos poner un funcionario en cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma. Parece una obviedad, pero no se pueden hacer obras ilegales ni se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad", ha reiterado.