La Policía Nacional ha detenido a ocho personas y ha desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos y a la explotación laboral en la provincia de Cádiz con víctimas procedentes de Honduras.

La explotación laboral se producía a través de dos empresas ubicadas en la provincia de Cádiz dedicadas al cuidado de personas mayores o impedidas, propiedad de varios miembros de la organización.

En una nota, la Policía Nacional ha informado que la investigación comenzó gracias a la denuncia de varias personas que decían ser víctimas de una organización que les explotaba laboralmente.

Las víctimas eran captadas en Honduras, de donde eran originarias y donde les proporcionaban toda la documentación necesaria para viajar a España, y una vez aquí se les retiraba el pasaporte y se les exigía el pago de una deuda que oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 euros. Para hacer frente a esa deuda, las víctimas eran explotadas en dos empresas dedicadas al cuidado de personas dependientes, trabajando sin contrato y sin ser dadas de alta en la Seguridad Social, con largas jornadas de trabajo y un salario ínfimo.

Así, los agentes pudieron corroborar la presencia en la provincia de Cádiz de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos hondureños, cuyos cabecillas eran una mujer y su hijo, de origen hondureño y nacionalidad española, y que se encargaban de captar en el país centroamericano apersonas en situación vulnerable, a quienes ofrecían un trabajo en España.

También eran los responsables del traslado a España y realizaban todos los trámites necesarios para la adquisición de los billetes de viaje, pasaportes y cartas de invitación.

Las víctimas eran recibidas en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez por otro miembro de la organización que las trasladaba hasta Cádiz, donde eran alojadas en un piso alquilado por el entramado, y donde se les quitaba el pasaporte y cualquier otra documentación que poseyeran y se les informaba de la deuda que habían contraído, que podía oscilar entre los 4.000 y los 6.000 euros.

La explotación laboral de las víctimas se producía a través de dos empresas ubicadas en la provincia de Cádiz dedicadas al cuidado de personas mayores o impedidas, propiedad de varios miembros de la organización.

Las víctimas solían trabajar como internas en los domicilios de las personas que cuidaban, obligadas a hacerlo sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, con largas jornadas de trabajo, sin apenas descansos y salarios muy reducidos.

Tras analizar toda la información recopilada, los agentes llevaron a cabo el correspondiente dispositivo operativo, que culminó con el registro de dos domicilios en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y la detención de ocho personas, cuyos cabecillas ya han ingresado en prisión.

Los investigadores han intervenido 1.000 dólares, 500 euros y abundante documentación probatoria.