Diario de Navarra

El edificio que alberga la quincena de portales del 60 al 74 de la calle Santa Lucia de Buztintxuri en Pamplona es un bloque “marcado”. En él, 46 viviendas municipales de alquiler “generan más del 90% de la problemática” que soportan los propietarios desde 2005: destrozos, ocupaciones ilegales y morosidad. El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto reunirse hoy con los afectados. "Hay diez pisos ocupados en los portales 72 al 74. Una de las personas realojadas avisa a sus familiares en cuanto hay una vivienda vacía para que vengan y lo ocupen. Tiran la puerta abajo y entran a vivir", asegura el presidente de la comunidad de propietarios de los portales 67 al 71 de la calle Santa Lucia de Buztintxuri. Este vecino, al igual que otros entrevistados, declinó identificarse por las amenazas que reciben cuando denuncian molestias e ilegalidades. En este bloque, donde confluyen viviendas de protección oficial, de protección social de régimen especial y de alquiler social, conviven dos comunidades de propietarios en los portales 63-71 (86 viviendas). Además, seis portales son propiedad municipal (60-62 y 72-74) con 46 viviendas. Tras la publicación en Diario de Navarra de un comunicado donde los vecinos expusieron problemas de convivencia, trabajadores municipales acudieron a limpiar el garaje, recinto que, según critica el presidente de la comunidad, acumulaba desde hace meses basura, muebles y electrodomésticos. Sin embargo, en varios recorridos por el edificio el 15 y el 23 de junio se comprobó que se mantiene la suciedad y las pintadas en las paredes. En portales municipales se encontraron buzones reventados, bolsas de basura por las escaleras y otros objetos por los rellanos. Las puertas de los cuartos de contadores, del acceso al garaje, de los portales e incluso de varias viviendas, tenían signos de haber sido forzados. Además, elementos de mobiliario urbano de la plaza interior como fuentes, papeleras y alcantarillas estaban destrozados. Una serie de robos en trasteros llevaron a los vecinos a poner cámaras en el garaje el año pasado. Pello Mendia, administrador de Fincas Mendia, quien gestiona las áreas comunes y las comunidades de propietarios expone que "los actos han descendido, pero continúan rompiendo las puertas. Se han dado casos de robos de luz e intentos de puentear el agua". Los vecinos tuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Pamplona el pasado 13 de junio. En ella, los representantes municipales les aseguraron que las próximas personas realojadas firmarán un compromiso de convivencia y recibirán un seguimiento. En cuanto a los okupas, el Consistorio les transmitió que se les daría la oportunidad de apuntarse a listas de espera para la concesión de una vivienda con un alquiler bajo. El principal temor de los afectados se centra en la posibilidad de más realojos en el bloque, ya que tuvieron conocimiento que cuatro de los pisos de propietarios pasarán a ser gestionados por Fundación Santa Lucia, entidad que atienda a personas en situación de inadaptación o marginación. Desde esta organización dijeron que solo estaba “hablado”, y que “cuando vayamos y conozcamos la situación, se verá si hacemos labores de mediación”. "Cuando se realoja a personas con conductas asociales o en riesgo de exclusión, sin recursos o con una vida muy desordenada, si están en minoría, no suele haber problemas, aunque haya más o menos choques. La dificultad está cuando es un porcentaje alto, como en este caso, que hablamos de un 40 por ciento. Los vecinos no están en contra de realojos, lo que piden es repartirlos", argumenta el administrador. Esa concentración les ha llevado a arrastrar una morosidad de 40.000 euros por impagos de las cuotas de comunidad. Mendia explica que el problema está en que las dos comunidades de propietarios comparten la calefacción y el agua caliente, y con los portales municipales, la plaza y el garaje. Sin visos de una solución plausible, hay riesgo de que los vecinos que pagan y soportan la morosidad de otros no puedan asegurarse el servicio de agua y calefacción. El administrador reconoce que le toca negociar con las compañías, ya que "si la comunidad no paga, Gas Natural les cortará el servicio porque saben que a los morosos no les van a sacar nada. No tienen más arma que llevarles a juicio, pero ni así recibirán dinero ya que no tienen dónde embargarles, ni nóminas ni cuentas", añade. El origen de la situación, según el presidente de la comunidad, se remonta al vaivén de destinatarios que tuvo el inmueble: "Este edificio iba a ser para realojos, fue cedido al Ayuntamiento por el Gobierno de Navarra, como no se ejecutaban, lo recuperó el Gobierno y lo devolvió como protección oficial. Nosotros no sabíamos nada de eso entonces y firmamos papeles en los que ponía que éramos realojados". Varios vecinos entrevistados admiten que les cuesta llegar a fin de mes. Algunos cuentan que piden más tiempo para ponerse al día con las cuentas, hasta recibir la Renta de Inserción Social, que suelen atrasarse. Una inquilina que vive un uno de los portales municipales con su familia lamenta los “más de 80 euros de comunidad que se paga al mes”. Prefiere no dar su nombre, “no quiero problemas, dice, hay vecinos muy problemáticos”. Otro residente del bloque se reconoce moroso por el retraso en las ayudas municipales y asegura que intenta pagar a tiempo. El encargado de la comunidad explicó que él se había presentado a una promoción de VPO de Nueva Artica, y como se la denegaron, le ofrecieron una vivienda en el bloque. "Cuando llegamos (en 2005), ya había ocho familias de gitanos instaladas. Desde el principio no pagaban ni las cuotas de comunidad. Al final del año, presentábamos las reclamaciones, llegaba Bienestar Social con un talonario y pagaba todas las deudas. Con la crisis, empezamos a soportarlas nosotros. Ha habido derramas de 300 a 500 euros al año", critica. "Estamos hartos de pagar facturas", concluye otro vecino.

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'Okupas', vandalismo e impagos en un edificio de protección social

El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto reunirse hoy con los afectados

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