Opinión
El impuesto sobre patrimonio: un anacronismo
"Existe un consenso entre los especialistas en que en España se ha construido una arquitectura de diversas capas fiscales superpuestas que la hacen poco coherente"

Publicado el 22/11/2026 a las 05:00
Se puede afirmar que el impuesto sobre el patrimonio, vigente en España, es una excepción internacional? Si se tiene en cuenta que en Europa, nuestro entorno más inmediato, solo dos países más -Noruega y Suiza- mantienen este tipo de impuesto, la afirmación es correcta con las salvedades señaladas. Pero en nuestro país salimos peor parados porque, por ejemplo, Noruega no tiene impuesto sobre sucesiones mientras que en Suiza su sistema de tributación de capital es más favorable. En nuestro país el Impuesto sobre el Patrimonio se combina con el IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas físicas), impuesto sobre sociedades, tributación de dividendos y plusvalías, impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, impuestos inmobiliarios y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En este conjunto -el sistema impositivo debe analizarse en relación con todo el sistema tributario, como advierte la OCDE-, todavía resulta menos comprensible el impuesto sobre el patrimonio de nuestro país.
Existe un consenso entre los especialistas en que en España se ha construido una arquitectura de diversas capas fiscales superpuestas que la hacen poco coherente. En muchos países tanto gobiernos de derechas como de izquierdas lo han eliminado. Además, y para complicar más las cosas, no tenemos un único impuesto, sino prácticamente diecisiete sistemas diferentes, porque es un impuesto cedido a las Comunidades Autonómicas. El patrimonio de una persona puede tributar de forma muy distinta según sea su domicilio en Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra, etc. algo que genera una enorme desigualdad territorial, motivo por el que no pocos optan por cambiar su domicilio fiscal cuando les resulta posible. Quienes defienden que este impuesto es manifiestamente inadecuado argumentan que ya tributó cuando se obtuvo y volver a gravarlo cada año es objeto de una doble imposición. Además, algo que lo hace todavía más gravoso, obliga a pagar el impuesto aunque el patrimonio no produzca renta o lo haga en escasa cantidad y, en ese caso, el contribuyente puede encontrarse con un problema de liquidez y verse obligado a materializar algún componente de su patrimonio.
¿Tiene sentido gravar todos los años un patrimonio por el simple hecho de poseerlo cuando no genera ingresos suficientes para pagar el propio impuesto? El impuesto sobre el patrimonio puede ser ideológicamente más atractivo para algunos, pero resulta muy problemático en la práctica, como afirma el experto sueco Daniel Waldenström: pone entre las cuerdas a los empresarios, desconcierta a las autoridades fiscales y producen pocos ingresos tributarios en comparación con otros gravámenes. Sin embargo, los impuestos sobre el capital son un instrumento más eficaz para redistribuir la riqueza ya que se ajustan más a los ciclos económicos mitigando las desigualdades de riqueza, algo que preocupa más a la sociedad actual. La Unión Europea, en una publicación de abril de 2026, analiza la tributación de la riqueza y llega a la siguiente conclusión: no ha sido una importante fuente de ingresos como contrariamente piensan los que desean que se imponga. Es cierto que este impuesto pretende una justificación redistributiva, pero apenas lo consigue y entorpece un sistema fiscal más coherente.
El partido que nos gobierna -como en Navarra, copia irredenta del de España- ha demostrado una voracidad fiscal que se entendería si lograse una mejora del poder adquisitivo de las clases más modestas; algo que la izquierda desearía que fuese su estrella polar, pero con frecuencia la empobrece todavía más, como está sucediendo. Esta es la triste realidad y los hechos lo confirman, tanto en Navarra (a pesar de tener sus competencias fiscales, la Comunidad envidiada en el pasado) como en la nación entera. Lo que determina el bienestar económico de los ciudadanos no es el salario bruto, sino el salario neto que llega a su bolsillo, una vez descontados el IRPF y las cotizaciones sociales. En ocho años el gobierno central ha realizado cerca de 100 subidas fiscales, batiendo el récord de recaudación fiscal. Todos entendemos la necesidad de pagar impuestos, pero igualmente deseamos que se traduzcan en beneficios sociales: en sanidad, educación, pensiones, etc.
Y cuando los ciudadanos tienen la percepción contraria, como sucede, se preguntan: ¿a qué dedica el gobierno central ese inmenso caudal de dinero? Se estima alrededor de 350.000 M€ a final de este año, un 8,5% más. Desde 2017, salvo en el 2020 por la pandemia, la recaudación ha crecido de modo sostenido, de forma que los impuestos por IRPF han crecido un 60% en cinco años por la negativa de Hacienda a deflactar para compensar la inflación (ajustar los tramos para compensar la inflación). Esta política tributaria manifiestamente dañina para sectores medios y modestos de la población, es difícilmente atribuible a políticos que afirman el deseo explícito de proteger a los más débiles. Estos mismos políticos son los que se enzarzaban, todavía hace poco, sobre si el salario mínimo debe quedar exento del IRPF (forman parte del mismo gobierno, que dice ser socialista), lo que para cualquier persona sensata no admite discusión.
Francisco Errasti es economista