Opinión
Proteger a la infancia en el entorno digital

Publicado el 21/11/2026 a las 05:00
El equipo de Maldita acaba de hacer pública una investigación realizada en los meses de septiembre y octubre que revela que TikTok alberga contenidos de abuso infantil explícitos y que, además, rechaza de manera casi sistemática cualquier denuncia por parte los usuarios sobre este contenido.
La lectura de lo encontrado por el equipo del verificador español no debería dejar tranquilo a nadie: más de 1.100 vídeos localizados que sumaban 48 millones de reproducciones. La plataforma tan solo ha retirado el 10% de los videos denunciados, haciendo caso omiso a mensajes directos por parte de Maldita, que alertaban de lo que estaba sucediendo en dicho contenido.
Esta publicación ha provocado la reacción inmediata del Gobierno, a través de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quien ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación contra la red social por dejar que pederastas utilicen su plataforma. Esta práctica, como señala Maldita, infringe el artículo 189 del Código Penal español que contempla, incluso, penas de cárcel para los responsables de estas actividades.
Que las redes sociales, o internet en general, no fueron concebidas con niños y niñas en el centro, es una realidad que tristemente se pone de manifiesto escándalo tras escándalo. Pero en esta ocasión, con la EU Kids Act todavía en tramitación en el Parlamento Europeo, se confirma lo difícil que resulta a los gobiernos y a las administraciones públicas, que las plataformas cumplan la ley, lo que lleva a cuestionarse si la voluntad política de proteger a la infancia es real.
Si bien el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) aprobado en 2022 no impone a las redes sociales una obligación de monitorización generalizada de sus contenidos, el artículo 16 sí les obliga a contar con un mecanismo de notificación y retirada que, en este caso, no ha funcionado. También obliga, en su artículo 22, a que las instituciones consideradas trusted flaggers, alertadores fiables, reciban un trato prioritario en sus denuncias. Y en este punto, lamentablemente, España no ha hecho los deberes. Aunque hay varias instituciones que podrían recibirlo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que debería poder otorgar este sello, no tiene las competencias necesarias por la falta de desarrollo legislativo, motivo por el que la Comisión Europea ya ha llamado la atención a España. Y la tramitación de la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, ha quedado parada por el adelanto electoral.
Así que, una vez más, ante unas leyes que se demuestran cortas, el asunto queda en manos de la ciudadanía: periodistas que dan voz y denuncian estos abusos; padres, madres y educadores que son llamados a tener una mayor presencia en la vida digital de sus hijos, a acompañarlos de manera más efectiva; la sociedad civil, que puede amplificar estos mensajes para incrementar la presión sobre los políticos. Pero este vacío legal deja en evidencia, como estamos investigando desde el proyecto PROMISE, la necesidad de políticas públicas y de las plataformas que aseguren el interés superior del menor de manera inequívoca. Todo lo demás corre el riesgo de ser un lamento estéril.
Charo Sádaba es investigadora del grupo ‘Jóvenes en Transición’ del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.