La convergencia de dos crisis de profundo alcance en España como son la demografía y la vivienda tiene un impacto directo en la realidad cotidiana de millones de trabajadores que se emancipan y viven en solitario. Sin el colchón de la segunda nómina que les puede proporcionar una pareja, sufren los rigores de una precariedad salarial que no les garantiza una autonomía libre de agobios. Tienen empleo, un sueldo estable y una casa, pero siguen asfixiados por los precios del alquiler o de la hipoteca, que consumen casi la mitad de su salario. Ese es el alto coste de vivir solos en este país, un fenómeno social en auge. 

El envejecimiento de la población, la caída de la natalidad, el retraso en la edad para forma pareja y las rupturas están detrás del individualismo residencial. En cifras, son hoy 5,7 millones de personas las que residen en hogares unipersonales. Pero su número se elevará en 15 años hasta representar el 30,6% del total, convirtiéndose en el modelo habitacional más común. Esto tiene unas consecuencias en la arquitectura general de la vivienda porque su diseño y construcción siguen pensadas para la familia tradicional o la vida en pareja. 

La oferta de pisos, el sistema bancario -que penaliza el riesgo cuando sólo hay un titular-, la fiscalidad y la cesta de la compra castigan la autonomía individual. Este es uno de los problemas asociados a la emergencia de la vivienda que interpela a las administraciones a corregir la deriva, tanto desde el acceso al crédito como de la planificación. 

Si no resulta fácil resolver la falta de oferta, tampoco lo es dar encaje a los nuevos perfiles sociales. Construir pisos pequeños puede ser proporcionalmente más caro para las promotoras -los costes fijos de baños, cocinas e instalaciones no bajan al reducir metros-. Además, dotar de estudios el centro de las ciudades para que funcionen como hogares unipersonales choca con la elevada rentabilidad que deja el alquiler turístico. En su momento se llamaron ‘minipisos’ y fueron denostados. La vida en solitario no debe ser un privilegio ni un peligro que expulse a un trabajador con empleo a la infravivienda.