La politización de las instituciones es un asunto que no recibe la atención debida en el debate público. A menudo se traduce en corrupción e ineficiencia, y éstas pueden fácilmente deslizarse hacia el desastre, en ocasiones mortal. Una segunda tragedia ferroviaria en el corredor Madrid-Sevilla y en el mismo año descarta cualquier pretensión de atribuirlo a una única causa y, desde luego, a un “error humano”. 

El accidente de Adamuz y ahora el de Urda han puesto el foco sobre la gestión económica de los recursos públicos. Por su parte, la Fiscalía Europea está investigando a ADIF por la gestión de los más de 5.900 millones de euros asignados para modernizar la red ferroviaria. En particular, es la ejecución efectiva de esos recursos la que está siendo investigada. Persisten dudas sobre el cumplimiento en tiempo y forma de las obras, así como sobre la idoneidad de los que fueron designados por Óscar Puente para liderar dicha transformación. 

Desde que llegó al Ministerio de Transportes en noviembre de 2023, mientras los perfiles técnicos eran progresivamente sustituidos, una veintena de personas del entorno del ministro o del PSOE fueron invadiendo los puestos de mando en Renfe y Adif. Todo se realizó mediante un proceso de contrataciones que sumó numerosas irregularidades (procesos restrictivos y opacos en los que resultaban elegidos perfiles sin experiencia ferroviaria) y produjo una subida del 40% en la partida de salarios. 

Los resultados son contundentes: a cierre de 2025, el 62% de los fondos asignados al Ministerio seguían pendientes de ejecutar, de los cuales, a fecha del accidente, los que afectaban a la línea ferroviaria Madrid-Sevilla acumulaban años de parálisis burocrática por la anulación y suspensión de los concursos del sistema de seguridad ERTMS. 

El trágico accidente de esta semana ha abierto un debate más amplio sobre el funcionamiento de la Administración pública española, la idoneidad de los directivos públicos y la incapacidad de las administraciones para convertir los fondos europeos en inversiones de valor para los ciudadanos. La creciente politización de los organismos públicos ha devaluado la gestión, y ésta ha ralentizado la ejecución de miles de millones de euros destinados a modernizar las infraestructuras. Una negligencia que, a la postre, ha resultado fatal.