El horrible accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo), con 69 muertos, no solo ha conmocionado a toda España sin distinción. También ha cambiado por completo el debate público a un mes de las elecciones generales del 29-N. Dos accidentes terribles, con la suma de más de 110 fallecidos en la alta velocidad española en menos de un año dibuja un panorama insostenible para cualquier Gobierno. Los intentos de Pedro Sánchez para encarrilar la campaña electoral (con la emotividad de la vivienda, con el miedo a la ultraderecha) se han estrellado contra la realidad más dura. Y no va a haber estrategia comunicativa de laboratorio capaz de hacerlo olvidar.

Ha girado por completo la brújula de las preocupaciones de los españoles. Y ahora la flecha apunta derecha a las responsabilidades políticas de quienes han hundido la confianza en los servicios públicos. Es decir, al Gobierno de Sánchez y especialmente a su ministro de Transportes, Óscar Puente, que debe tener los días políticos contados en su puesto. Un Gobierno que encara la campaña disparado de golpe hacia una vía muerta, hacia una vía sin salida.

Cuando falla la confianza. La confianza en los servicios públicos es imprescindible para que funcione nuestra democracia. Es una de esas cosas que damos por hecha, hasta que falla y sólo entonces apreciamos su enorme valor. Vaya, como abrir el grifo y que salga agua potable o darle al interruptor y que se encienda la luz.

Los ciudadanos pagan impuestos y esperan que el Estado los redistribuya en forma de servicios fiables y que resuelvan sus necesidades más básicas. Como el transporte público, la sanidad, la educación o la seguridad en las calles. Si la confianza se quiebra, se rompe algo muy profundo. El respeto y la lealtad mutua entre los ciudadanos y las instituciones que gobiernan la sociedad. Es en este marco donde el terrible accidente en los trenes de alta velocidad cobra además una alta dimensión destructiva. Hasta el presidente Pedro Sánchez admitía esta semana que la confianza en la alta velocidad está “quebrada”. Otros añadimos que lo que está quebrada es la confianza en el propio Sánchez. El presidente señaló que sufrir dos accidentes en el TAV “no es asumible” para España. Pero lo dice como si él y su Ejecutivo no tuvieran nada que ver.

Oiga, que usted es el primer responsable político del país, para lo bueno y para lo malo. Y el que nos ha conducido hasta aquí. El presidente bajo cuyo mandato se ha arruinado el prestigio construido en el resto del mundo durante décadas alrededor de la alta velocidad española, sus ingenieros y sus empresas.

Invertir y mantener. El drama, más allá de la cadena de fallos y errores, técnicos y humanos, que han llevado al desastre, evidencia un colapso sustancial en las infraestructuras ferroviarias. Una tragedia que nos recuerda que las infraestructuras no sólo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas. Y eso cuesta dinero. Inaugurar obras es muy goloso para un político, invertir luego en que estén en perfecto estado es mucho menos molón. Y así nos va. Vale para el tren y vale también para la red de carreteras.

La incapacidad de gestión. El problema es que no es el único campo donde se ha producido este abrupto corte con la confianza. Sucedió ya con el gran apagón eléctrico en toda España (todavía sin explicación), con la inacción ante la invasión de Ceuta por parte de decenas de miles de personas desde Marruecos este mismo verano, o con la incapacidad pública para atender de forma diligente el drama de la Dana de Valencia hace dos años. Añadamos la impotencia ante la violencia política y el vandalismo en las calles de Barcelona o Bilbao en los últimos días.

Es la realidad la que pone el foco en algo tan elemental como la capacidad de gestión. Necesitamos gobiernos que sepan gestionar bien. No sólo que vendan bien los mensajes. No sólo que tengan “buenos” deseos. Necesitamos que hagan un trabajo eficaz. Que al frente de las instituciones clave estén personas competentes. Y ahí el Ejecutivo de Sánchez evidencia un enorme debe colectivo. No sólo por la corrupción de Ábalos. La colonización partidista de las instituciones ha llevado a que la competencia profesional no sea una exigencia obligada en los altos cargos. Y así nos va al país. Ahora con el tren.