La economía es una ciencia que tiene sus propias reglas bien conocidas y, como en cualquier otro ámbito de la vida, romperlas o sortearlas indebidamente puede tener consecuencias irreparables durante un tiempo indefinido si no se corrigen. El problema de la vivienda que estamos padeciendo forma parte de una percepción ampliamente compartida y ocupa, en este momento, el primer lugar en el ranking de las preocupaciones de mucha gente, especialmente de los jóvenes y las de condición más modesta. Pero no estamos solos. Otros países lo están sufriendo igualmente, como reconoce el Fondo Monetario Internacional (Finance & Development Magazine). En esta tesitura hay una pregunta ineludible: ¿La vivienda es un bien de primera necesidad, como es la asistencia sanitaria, la alimentación o la educación? 

La respuesta unánime en este momento es que sí, aunque estemos lejos de satisfacerla; y, por tanto, la siguiente pregunta es: ¿Qué hacen los que gobiernan para satisfacer esta necesidad del mejor modo posible? Porque no todos los países que tienen este problema lo abordan con la misma eficacia, sino que algunos -como el nuestro- lo enfocan de manera completamente equivocada y en lugar de resolverlo, aunque sea parcialmente, lo agudizan y confunden arteramente a la población, manipulando de modo artificial sus legítimos sentimientos. Ocho años -ocho- ha tenido el gobierno para tratar de resolver este grave problema que afecta a 750.000 familias que buscan un hogar donde vivir. Todas las promesas de construcción de nueva vivienda efectuadas por el gobierno parecen haberse esfumado ante el fulgor del escándalo originado por el desahucio de Mari Carmen, esgrimida ahora como bandera por el mismo gobierno que ha incumplido sistemáticamente lo prometido y tratando de solventar este complejo problema en unos días como por arte de magia. Esto solo tiene un nombre: la incompetencia como planteamiento medular de su funcionamiento. 

Estos años de gobierno socialista se han llevado a cabo miles de desahucios -algunos medios lo cifran en 90 diarios-, pero parecen haberlo olvidado. Eso sí, como estrategia exculpatoria de su enfoque, la culpa de la falta de vivienda la tiene otro, el adversario político. Todavía hay gente que traga esta aldaba. La tragedia de “Mari Carmen” -no cabe calificarlo de otra forma- se ha utilizado como un destello de luz en la oscura posición del presidente del Gobierno para convocar unas elecciones y aprobar por la puerta de atrás unos decretos que le fueron negados en el Congreso de los Diputados. Esta legislatura sale, por fin, de un oscuro túnel sin presupuestos en cuatro años -impropio de un país democrático- y una situación económica lamentable que se agudizará más. El encarecimiento de la vivienda obedece a un aumento de la demanda (asociado a la migración y también al mayor número de hogares unipersonales), que no se corresponde con la oferta existente. Además, según un informe de FUNCAS el aumento del precio de la vivienda en España ha sido impulsado por compradores no residentes, personas físicas o jurídicas. No obstante, existen otros factores significativos: un exceso de regulación urbanístico unido a la decisión de mantener baja la oferta de suelo para aumentar su valor y, por tanto, incrementar los ingresos por tasas. 

Los pisos turísticos con fines distintos a la vivienda habitual y la inquiokupación (inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se convierten en okupas), hacen que los propietarios decidan no sacar los pisos al mercado. El dinero huye de la inseguridad jurídica y este es el factor de mayor calado -aunque no el único- que influye en el descenso de la oferta. La ley de vivienda de 2023, con su objetivo de intervenir el mercado y establecer un tope a las subidas de las rentas de alquiler en zonas urbanas tensionadas, ha tenido unas consecuencias nefastas: son 120.000 las viviendas en alquiler que se han retirado. La ignorancia se añade a unos pactos con la extrema izquierda- necesita sus votos- que no tienen en cuenta el bien general. Por eso fracasan. He aquí un ejemplo de lo que es hacer las cosas bien: el “modelo Viena”. La empresa municipal de Viena posee más de 200.000 pisos a los que se añaden otros tantos con los acuerdos llevados a cabo con las cooperativas privadas, de manera que más de la mitad de los habitantes de Viena se acomodan en una vivienda arrendada, a precios rebajados y constantes en el tiempo. Su éxito radica en no haber dejado de construir vivienda de protección oficial y no permitir que se venda ni que se subarriende, evitando de ese modo que la vivienda oficial se convierta en una mercancía comercial. He ahí una política de vivienda bien pensada y una base sólida, con un planteamiento a largo plazo y pensado para las necesidades de la población más endeble. En ocasiones basta mirar lo que hacen otros y, sencillamente, copiarlo. Claro que para eso hay que “pensar” en la gente y gobernar. 

Francisco Errasti es economista.