Editorial
La credibilidad de la justicia
La tensión entre el Supremo y el Constitucional por el censo electoral y la ley de amnistía aboca a los tribunales al vértigo de la inseguridad y la crispación

Publicado el 23/10/2026 a las 05:00
El grave conflicto que mantienen el Supremo y el Constitucional por la interpretación de la actualidad judicial más divisiva, retratada por sus profundas discrepancias sobre la ‘ley de nietos’ y la amnistía a los condenados por el ‘procés’, ha elevado la tensión al límite entre ambas instituciones. El pulso se dirime además en un momento de la máxima sensibilidad, con unas elecciones a la vuelta de la esquina y medidas cautelarísimas sobre la mesa que pueden afectar a un derecho fundamental como es el voto y a la transparencia del proceso electoral convocado el 29-N.
Un día después de que el Alto Tribunal diera por extinguido el delito de malversación en el caso de los exdirigentes independentistas catalanes, lanzando fuertes críticas al criterio “invasivo” del órgano de garantías, la tensión se trasladó de lleno al censo. La decisión del máximo garante de la Constitución de rechazar el amparo reclamado con urgencia por el Defensor del Pueblo, un recurso empleado en contadas ocasiones por la oficina que ahora lidera Ángel Gabilondo, deja en el aire la posibilidad de que voten más de 160.000 españoles que viven en el extranjero y que fueron nacionalizados a través de la ley de Memoria Democrática de 2022.
Es destacable que, en esta ocasión, la resolución se haya adoptado con el apoyo rotundo de 10 de los 12 magistrados del plenario que preside Conde-Pumpido. Por tanto, por encima de la dinámica de bloques entre magistrados progresistas y conservadores que ha envuelto los fallos más controvertidos y que tanto puede erosionar la confianza en la Justicia por su eventual sesgo partidista.
Pero esta tregua, asumida por prudencia frente a la “prematura” petición de impugnación, devuelve la presión al Supremo, que aún debe resolver el problema de fondo: si el Gobierno desbordó la ley y alteró de forma irregular el censo CERA tras aplicar una presunción generalizada de exilio a miles de descendientes. Cuando el Supremo y el Constitucional se cruzan correcciones y reproches la seguridad jurídica se resiente. El resultado es tan inmediato como peligroso a las puertas de las urnas.