La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha mirado dos veces a la cara de parlamentarios de Bildu en Navarra para hacerles las mismas preguntas: “¿Matar a nuestros familiares estuvo bien, tuvo alguna justificación? ¿El fin justificó los medios? ¿Estuvo bien que ETA matara?”. Fue en febrero de 2020 y en enero de 2023. Consuelo Ordóñez, que reclamaba simplemente un sí o un no, se marchó en ambas ocasiones sin respuesta alguna. Podría entenderse que los abertzales contestaron ayer, aunque no a Ordóñez en particular. Tampoco con un sí o un no, sino con un subterfugio nauseabundo: en la nueva ley foral para reparar a las víctimas del terrorismo, pretendieron cambiar la palabra ‘condena’ por ‘rechazo’ y borrar del texto que la violencia de ETA fue ‘injusta e ilegítima’. No lo lograron.

El mismo día que se cumplían quince años de la rendición de ETA, su rama política demostró que sigue en la cueva. No se ha movido y lo peor es que todo hace indicar que no va a necesitar hacerlo. La virginidad de las generaciones jóvenes, ignorantes sobre la sangre que derramaron los etarras, y la apatía paulatina entre los mayores que sí lo vivieron propician comodidad a una izquierda abertzale que ya no se siente exigida por nadie. Porque, sobre todo, ¿para qué va a condenar Bildu a ETA o tener cuidado en no revictimizar a las víctimas, si las ambiciones socialistas por hacerse con el poder y mantenerlo ya le han convertido en agente clave del mapa político nacional y navarro? Ni Bildu ha dado pasos, ni a otros les quedan principios.