El Nobel de la Paz concedido a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, referente de la justicia internacional, supone un valioso reconocimiento a la defensa de los derechos humanos. Ensalzar con este premio la protección de la dignidad constituye una oportuna respuesta a la alarmante deriva mundial hacia el conflicto y el atropello de libertades fundamentales. El Comité Noruego ha distinguido “el papel decisivo” que ha desempeñado Pillay en su trayectoria “a la hora de garantizar que se procesen los crímenes de guerra y los de lesa humanidad”. La galardonada, de 85 años, lideró la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza. Fue la primera declaración avalada por un organismo internacional que señalaba la responsabilidad del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

 La distinción a la veterana activista, destacada por su “valentía e integridad”, funciona como un recordatorio del peligroso cisma ético que se abre en el mundo. Mientras el Comité Noruego premia a una figura que personifica la defensa de las instituciones multilaterales y las garantías procesales -Pillay jugó un papel crucial en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en la lucha contra el apartheid en su país con el apoyo de Nelson Mandela-, la mayor potencia de Occidente degrada las suyas. El anuncio de Estados Unidos de su intención de retransmitir en directo la ejecución de un preso condenado a muerte, confirmado por el secretario de Defensa, sería un paso más en su ataque a los derechos humanos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Con una concepción vengativa del castigo, se plantearía difundir por internet el fusilamiento de Nidal Hasan, sentenciado por la muerte de 13 personas en Fort Hood en un tiroteo ocurrido en 2009. Hacer de la pena capital un cruel espectáculo, en plena conmoción aún por la agónica ejecución de Christa Pike con dos fallidas inyecciones letales, convierte el último Nobel de la Paz en una dramática llamada de socorro en defensa de la humanidad.