¡Ojo al dato! El 9/1/23, Acciona, Osés y Servinabar firmaban un “acuerdo previo” para acudir conjuntamente al concurso de las obras de los túneles de Belate. El acuerdo, en su punto I, decía que “la propiedad (Dpto. de Cohesión Territorial de la Comunidad Foral de Navarra) ha licitado la obra Duplicación túnel de Belate…”. Fue la primera señal de alarma. La licitación se publicaba el 8 de febrero, o sea, un mes después de la firma del acuerdo. Es más, el 9 de enero ni siquiera se había aprobado la resolución del proyecto. Se aprobaría 3 días después. ¿Tenían esas empresas información privilegiada? Lo que sucedió en el proceso de adjudicación es de sobra conocido por el lector, y sus consecuencias, también: el pasado 27/7, Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, solicitaba a la UCO un informe sobre la licitación de esa obra. 

Y en marzo de 2024 se iniciaban las obras. Dos meses después, la UTE manifestaba su intención de ejecutar la obra de forma diferente a lo proyectado y se presentaba una propuesta de modificación del contrato que conllevaba unos sobrecostes de 8,5 millones de €. Propuesta aprobada por el Director Gral. de Obras Públicas. La empresa redactora del proyecto original emitió un informe desfavorable rechazando las modificaciones propuestas. La Sección de Minas negaba que sus requerimientos justificaran algunos de los cambios introducidos. El 26/11/25, Intervención General del Gobierno de Navarra emitía un reparo suspensivo que concluía que la causa de la modificación del proyecto original del túnel no respondía a “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para una entidad adjudicataria diligente” sino a “razones de conveniencia u oportunidad”. El Gobierno dijo que acataba ese reparo. El 10/12 era cesado el Director Gral. de Obras Públicas, cargo que no se cubrió hasta el 4/2/26. La socialista Berta Miranda, directora de Transportes, ejerció de forma interina las funciones de Directora Gral. de Obras Públicas, y a pesar del reparo suspensivo de Intervención General, el 31/12 firmaba una orden de continuidad permitiendo a la UTE continuar los trabajos propuestos en el modificado sin estar aprobados formalmente. El pasado 16/3, el informe de la Cámara de Comptos sobre las cuentas de 2024 vino precedido de una discrepancia entre el presidente de la Cámara, Ignacio Cabeza, y el auditor ponente, Miguel Ángel Aurrecoechea. El auditor argumentó que los motivos alegados por el Director Gral. de Obras Públicas, el cesado López Vera, para justificar los sobrecostes, “no se corresponden con circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente, contrariamente a lo exigido por el artículo 114.3 a) de la Ley Foral de Contratos Públicos”. Pero el Gobierno de Navarra seguía empeñado en pagarle a la UTE esos injustificados 8,5 millones de €. Un segundo y demoledor informe de Intervención General, de fecha 12 de junio, decía que la “orden de continuidad” firmada por Berta Miranda había prescindido “de cualquier procedimiento”, dando lugar a “una infracción del ordenamiento jurídico que podría ser constitutiva de nulidad de pleno derecho”. Y el Gobierno de Navarra, que seguía buscando vericuetos para pagarle a la UTE esos 8,5 millones de €, a instancias de los socios de gobierno pidió un informe a la Asesoría Jurídica, informe demoledor que decía que Obras Públicas tomó decisiones sin informes técnicos ni jurídicos.

Y el pasado 16/9 saltaba la noticia: el Gobierno de Navarra rescindía el contrato de obras de Belate. En una comisión parlamentaria de Régimen Foral, comparecían la presidenta Chivite, el consejero Chivite, y el “letrado mayor del reino”, Javier Remírez, ese que suspendió la primera prueba de la oposición a Técnico de Administraciones Públicas, rama jurídica. A Remírez debieron decirle que repitiera muchas veces que todo se había hecho “con seguridad jurídica”. Y además dijo que el reparo suspensivo de la Intervención General “pudo ser levantado por el GN como se ha hecho en otras legislaturas con gobiernos de todo tipo”. Mentira. Sólo hay que leerse los informes de fiscalización colgados en la web de transparencia del Gobierno de Navarra para ver los numerosos reparos suspensivos que ha levantado este Gobierno. Del consejero Chivite, mejor ni hablar. Destila incompetencia por los cuatro costados. La presidenta Chivite, curtida en la política desde su primer corte de pelo, se dedicó a retorcer los datos y los hechos. “Este problema que nos hemos encontrado durante la tramitación…”.

¿Encontrado? Chivite también repetía el mantra de que Belate es “una obra que debió hacerse cuando gobernaba UPN”. A ver, bonita. En el último gobierno de UPN, en coalición con el PSN, el consejero de Obras Públicas era del PSN, Anai Astiz. Y no hizo nada. Después de ese gobierno, vino el gobierno de uno de sus actuales socios, Geroa Bai, y no hizo nada. Y en 2019 llegó el gobierno del PSN, y no fue hasta el 8/2/23 cuando se publicó la licitación de esas obras. Aunque su soberbia se lo impida, Chivite haría bien en repartir responsabilidades. En cualquier caso, hay que ser muy torpe para seguir presumiendo de que ha sido su gobierno el que ha impulsado esta obra teniendo en cuenta que el contrato ha debido ser rescindido por un cúmulo de incumplimientos técnicos y jurídicos. Chivite ha declarado muy solemne que “la obra se va a terminar”. Si le parece, la deja a medio hacer. Y después de doce años de gobiernos progresistas, la previsión es que esa obra no podrá terminarse hasta mediados de 2030.

Y luego tenemos a los socios de gobierno, ya en modo electoral, “haciendo aspavientos”, como dijo la portavoz del PSN. La amortizada Uxue Barkos saliendo de su ostracismo para decir que “seguiremos siendo exigentes y todo lo incómodos que haga falta cuando las cosas se gestionan mal como en Belate”. ¿Todo lo incómoda que fue ella, como senadora, cuando Antxon Alonso, propietario de Servinabar, y Santos Cerdán, acudieron a la Comisión de Investigación del Senado y no les hizo ni la más mínima pregunta? Habría que recordarle a Uxue Barkos que es la única política, socia del gobierno de Chivite, que tiene una foto junto a Antxon Alonso, y la única política, junto con Alzórriz, cuya pareja cobró de Servinabar. Así que menos lobos, caperucita.

Y el pasado 17/9, por fin, llegaba la Resolución de Obras Públicas que dejaba sin efecto el Proyecto de Modificado de Belate. En dicha Resolución se vierte otra mentira, y es que “la UTE adjudicataria no ha recibido ningún abono por las nuevas unidades de obra ejecutadas”, afirmación que se viene repitiendo por los distintos responsables en sus declaraciones públicas y que no responde a lo ya pagado.

Año 2030: Chivite dice que estas obras se van a terminar, y añade que esta obra “debió hacerse cuando gobernaba UPN”.

Chon Latienda Urroz. Analista política.