La vivienda se ha caído a pedazos y con ella, el frágil andamiaje que sostenía la legislatura. El fracaso de los decretos que presentaba el Gobierno de Pedro Sánchez tumbados en el Congreso nueve días después del agitado debate por el desahucio de Maricarmen Abascal amenaza con dar la puntilla definitiva a uno de los ciclos más convulsos de la democracia. 

El adelanto electoral al que el presidente se resistía, pese al aluvión de razones que empujaban a poner las unas y finiquitar el mandato, se abre paso ahora entre las ruinas de la fallida política de vivienda en España, el principal problema que lastra el porvenir y origen de una creciente brecha de desigualdad. Sánchez ha ido consumiendo su menguante margen de maniobra hasta llegar al portazo de este viernes. 

Estaba cercado por los escándalos -con un exministro encarcelado y un exsecretario de Organización en libertad provisional por corrupción, su hermano condenado a penas de inhabilitación y su mujer a la espera de juicio-. Agotado por la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante iniciativas esenciales de su declarada agenda social. Superado por la crisis de Ceuta en los frentes diplomático, migratorio y de la seguridad. Y sin el Presupuesto prometido, una vez más, con el que renovar su agrietado bloque de investidura tras la fuga de Junts. 

Parecían motivos más que justificados para anticipar unas elecciones que hasta hace escasos días se empeñaba en convocar “cuando tocan”, el año que viene. Pero no ha sido hasta comprobar el alcance del estallido social desencadenado por la crisis habitacional cuando cobra fuerza la convocatoria en el entorno de Sánchez, que abre un período de reflexión de inminente desenlace. Ahora sí que la legislatura se ha desmoronado. Pero por la posibilidad de rentabilizar electoralmente el “clamor que recorre” las acampadas como la de Sol y la descafeinada concentración de protesta junto al Congreso. 

La votación en la Cámara se convirtió así en el pistoletazo de salida de una carrera electoral que podría desembocar el domingo 29 de noviembre. Sánchez forzó la votación a sabiendas de su derrota: a mano alzada, especialmente pensando en PP, Vox y Junts, para que “se retraten ante generaciones enteras”. Su intervención por sorpresa desde la tribuna marcó el terreno de juego: “La historia les juzgará antes de lo que creen”. Que todos los grupos apelaran a “la gente” revela que la campaña ya está lanzada. 

Pero convendría no engañarse. La crisis de la vivienda se adentra en una fuerte división ideológica. La agitación no sirve para encauzar un problema colosal y garantizar la seguridad a inquilinos y propietarios. El fiasco sólo generará toneladas de frustración y descontento en una ciudadanía que llevaba años dando señales de alerta por la ineficaz gestión. 

Intentar gobernar entre los escombros parlamentarios no debería ser ya una opción. Sería agudizar el desmoronamiento de la confianza institucional, con el riesgo añadido de incentivar el populismo y un extremismo siempre destructivos. Al final, la llave de la vivienda la tenía Puigdemont en Waterloo. Pero no será él -ni Ábalos, ni Leire, ni Aldama, ni Mohamed VI- la excusa para precipitar el fin de ciclo. Será por Maricarmen.