El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, debería interpelarnos como sociedad. No solo por la dureza de las imágenes de una mujer que tuvo que abandonar su hogar en camilla y ser trasladada al hospital, sino porque detrás de su historia hay una pregunta que no podemos eludir: ¿qué clase de sociedad estamos construyendo si una persona puede trabajar, contribuir durante toda su vida y terminar perdiendo el lugar donde ha construido su historia?

Maricarmen no es un caso aislado. Su historia representa la cara más dramática de una crisis que afecta a millones de personas y que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de nuestro país. Una crisis que impide a muchos jóvenes emanciparse, obliga a numerosas familias a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y amenaza la estabilidad de personas mayores que, después de toda una vida, descubren que su pensión no basta para garantizarles un hogar.

Desde UGT Navarra lo decimos con claridad: la vivienda no puede ser un privilegio reservado a quienes tienen suficiente patrimonio, ni una mercancía destinada a la especulación y cuya rentabilidad esté por encima de las necesidades de las personas. Es un derecho fundamental y una condición imprescindible para desarrollar un proyecto de vida digno. Sin vivienda, la estabilidad laboral pierde parte de su sentido, la formación de una familia se convierte en una decisión difícil y la jubilación deja de ser una etapa de tranquilidad para transformarse en una fuente de incertidumbre.

El problema tiene, además, una dimensión intergeneracional que debemos abordar sin caer en discursos simplistas. A los jóvenes se les exige trabajar, ahorrar y esforzarse, pero cada vez encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda. Mientras tanto, hay personas mayores que viven de alquiler y se enfrentan a subidas que no pueden asumir o a la pérdida de contratos que les permitían permanecer en sus barrios. Unos no consiguen entrar en el mercado residencial, y otros corren el riesgo de ser expulsados de él.

No estamos ante una guerra entre generaciones, sino ante un problema estructural de acceso a la vivienda y de desigualdad económica. Enfrentar a jóvenes y mayores solo sirve para desviar la atención de las causas profundas y debilitar la solidaridad que debe sostener nuestro Estado del Bienestar. La mayoría de las personas mayores que poseen una vivienda no son grandes rentistas: son trabajadores y trabajadoras que, con décadas de esfuerzo, consiguieron convertir su hogar en una garantía de seguridad para la jubilación. Del mismo modo, la dificultad de los jóvenes para emanciparse no se resuelve culpando a sus padres o abuelos de haber alcanzado una estabilidad que ellos también desean.

Esta reflexión conecta con una idea fundamental del estudio El nuevo paradigma de la vivienda para los sénior, que la Fundación Más Sénior está a punto de publicar. Su prólogo plantea que la revolución de la longevidad obliga a revisar nuestra forma de entender la vivienda y las políticas públicas que la rodean. Vivimos más años y necesitamos hogares capaces de acompañarnos durante todas las etapas de la vida. La vivienda no es únicamente un inmueble: es autonomía, seguridad, identidad, relaciones sociales y arraigo. Perderla puede significar mucho más que cambiar de domicilio; supone romper los vínculos que permiten a una persona vivir con independencia y dignidad.

Por eso, la política de vivienda debe contemplar tanto el acceso de los jóvenes como la protección de los sénior. Necesitamos ampliar de forma sostenida el parque público y asequible, impulsar la construcción de vivienda protegida, movilizar viviendas vacías cuando sea viable, rehabilitar el parque residencial existente y reforzar las garantías para las personas y familias en situación de vulnerabilidad. También debemos promover viviendas accesibles, fórmulas de convivencia intergeneracional y alternativas habitacionales que permitan elegir dónde y cómo vivir sin que la capacidad económica determine todas las opciones.

En Navarra, este desafío exige diálogo y responsabilidad compartida entre las administraciones, los agentes sociales y el conjunto del sector. Debemos situar la vivienda en el centro de las políticas económicas y sociales, vincularla a la planificación urbanística y al transporte, y favorecer que el desarrollo económico se traduzca también en oportunidades reales para quienes viven y trabajan aquí. El empleo digno es imprescindible, pero hoy no basta con tener un salario si una parte excesiva de él termina absorbida por el alquiler, al pago de una hipoteca o si no permite ahorrar para acceder a un hogar.

Desde el sindicalismo sabemos que la igualdad de oportunidades no depende únicamente de las condiciones laborales. También depende de que las personas puedan construir su vida con seguridad, formar una familia si lo desean, cuidar de los suyos y afrontar la jubilación sin miedo a perder aquello que les proporciona estabilidad. La vivienda debe entenderse, por tanto, como una pieza esencial del Estado del Bienestar, al mismo nivel que la educación, la sanidad y las pensiones.Es más, yo dirÍa que tiene que ser considerada como el cuarto pilar del Estado de Bienestar (o el quinto, si tenemos en cuenta la dependencia).

La longevidad no debe convertirse en un motivo de confrontación, sino en una oportunidad para construir un nuevo pacto social. Un pacto que reconozca las necesidades de cada generación y comprenda que la seguridad de las personas mayores y las oportunidades de los jóvenes son objetivos compatibles. Que proteja a quienes viven de alquiler, facilite la emancipación y garantice alternativas habitacionales adecuadas a lo largo de toda la vida.

Mari Carmen ha perdido su hogar, pero su historia no puede quedar reducida a una imagen que nos conmueve durante unos días. Debe servir para impulsar cambios que eviten que otras personas atraviesen la misma situación. Porque una sociedad decente no puede medir el valor de una vivienda únicamente por su precio de mercado, sino también por la vida que permite desarrollar.

La vivienda debe ser un puente entre generaciones, no una frontera que separe a padres e hijos. Y garantizar ese derecho no es solo una obligación de los poderes públicos, que lo es, sino que es una responsabilidad colectiva y una de las grandes tareas sociales de nuestro tiempo.

Lorenzo Ríos es secretario general de UGT en Navarra.