La imagen de Mari Carmen, con 87 años, abandonando la vivienda madrileña en la que llevaba viviendo desde 1956 impresiona. Es lógico sentir pena y desear que una persona mayor tenga una solución digna. Pero precisamente ahí debería terminar la emoción y empezar el análisis. Porque aquella era su casa sentimentalmente, pero no era su propiedad. Para que el relato funcione necesita, además, un malo. Y pocas expresiones funcionan mejor que “fondo buitre”. Un malo de Disney. Maricarmen frente a un fondo de inversión resultaría demasiado neutro. Maricarmen frente a un “fondo buitre” contiene ya el juicio y casi la sentencia. Cobertura televisiva, una anciana de 87 años en un extremo; en el otro, una criatura financiera sin rostro que parece sobrevolar nuestras ciudades esperando la desgracia ajena. Esto no te lo mejora ni Spielberg.

La realidad es bastante más compleja. Detrás de los fondos de inversión hay capital aportado por inversores muy diferentes: instituciones, aseguradoras, fondos de pensiones y, directa o indirectamente, miles de pequeños ahorradores. El dinero invertido no aparece por generación espontánea. Antes alguien ha tenido que ganarlo y decidir no gastarlo. Y aquí está una cuestión que evitamos demasiadas veces: debemos ser consecuentes con las decisiones que tomamos. Durante nuestra vida decidimos ahorrar o consumir, comprar o alquilar, pedir una hipoteca o evitarla, invertir o mantener el dinero en una cuenta. Todas son decisiones legítimas. Lo que resulta difícil de defender es que las consecuencias de unas decisiones deban recaer después sobre quienes tomaron otras.

Quien compró una vivienda quizá realizó sacrificios durante años. Pagó una entrada, soportó una hipoteca, intereses, impuestos y gastos. Otro pudo preferir alquilar y disponer de mayor renta durante décadas. Ninguna opción convierte a nadie en mejor persona. Pero tampoco podemos actuar, cuarenta años después, como si ambas decisiones tuvieran necesariamente que producir idéntico resultado patrimonial.

No conozco las circunstancias económicas de Maricarmen durante toda su vida y no voy a inventarlas. Sí sabemos que el conflicto llevaba años judicializado y que hubo procedimientos, recursos y resoluciones. Tenía todo el derecho a defender sus intereses hasta la última instancia. Pero, una vez resuelto el litigio, resulta discutible transformar el cumplimiento de una resolución judicial en una batalla entre buenos y malos.

La edad merece consideración, pero no puede borrar completamente la responsabilidad personal. Ser libres significa poder elegir, y elegir significa también asumir consecuencias. Si únicamente aceptamos las consecuencias favorables de nuestras decisiones y exigimos que las desfavorables las paguen otros, estamos hablando de una libertad bastante peculiar.

Si Maricarmen necesita ahora una vivienda, las administraciones deberán articular una respuesta social conforme a las normas y recursos disponibles. Pero esa solución tampoco será gratuita. La pagaremos entre todos, incluidos quienes ahorraron durante décadas para comprar su propia casa. Esa es una decisión colectiva legítima dentro de una política social, pero conviene recordar siempre quién paga la factura.

España no resolverá su problema de vivienda buscando villanos fáciles, con demagogia o con sentadas de adolescentes envejecidos. Necesitamos muchísima más oferta, menos burocracia, seguridad jurídica total, vivienda pública para quien realmente la necesite y contratos que se cumplan. Y necesitamos recuperar una idea mucho menos atractiva para un eslogan: nuestras decisiones tienen consecuencias. Maricarmen merece respeto y una solución digna. El propietario también merece que se respeten sus derechos. Porque si convertimos sistemáticamente al que posee, invierte o ahorra en el malo de la película, terminaremos haciéndonos una pregunta bastante peligrosa: ¿para qué ahorrar?

Álvaro Bañón Irujo es economista y miembro del think tank Institución Futuro.