En próximas fechas se va a debatir en nuestro Parlamento foral la modificación de la ley foral 9/2010 de ayuda a las víctimas del terrorismo. Tal y como argumenta el propio Gobierno de Navarra en su informe de propuesta de modificación, esta ley navarra contemplaba unas ayudas complementarias a otras ayudas estatales que fueron aprobadas con posterioridad, especialmente la ley 19/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y esto genera una serie de problemas técnicos que esta modificación legislativa pretende solucionar “para una correcta actualización y adecuación de la ley foral a la problemática actual del colectivo de víctimas”. Si bien es cierto que la ley a debate debe de ser una ley que ampare a las víctimas del terrorismo, oficialmente reconocidas como tales y en su generalidad, sin dependencia del origen de esa violencia injusta -luego volveremos a ello-, no es menos cierto que, tal y como recoge el segundo párrafo del preámbulo de la ley propuesta por el propio Gobierno de Navarra, “el terrorismo, especialmente el ejercido por ETA durante muchas décadas, destruyó la vida y la libertad de miles de ciudadanos y ciudadanas”. 

Es indudable que las circunstancias sociales que afectan a lo que titula la ley como “reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo” han sufrido una enorme transformación desde 2010. Parece claro que, como sociedad, vivimos mejor que entonces porque ETA dejó de matarnos y, sin embargo, aquella unión frente al terrorismo y la respuesta social ante los secuestros, asesinatos y extorsiones de la banda terrorista, resulta muy diferente hoy en día tanto a nivel ciudadano como especialmente a nivel institucional. Los casos de exaltación al terrorismo de ETA en forma de recibimientos a presos excarcelados, exhibición de fotos de asesinos y reclamaciones de libertad para ellos sin cumplir sus sentencias, los terceros grados fraudulentos y las trampas al solitario que nos hacemos como Estado para conceder beneficios penitenciarios a quienes han tratado y tratan de destruirlo, se suceden sin una respuesta social y, sobre todo, sin que las propias normas que nos hemos otorgado parezca que puedan hacer nada por impedirlo. Esto supone una continua humillación a las víctimas directas del terrorismo y a nosotros, sus familiares, y es por eso que todas las asociaciones de víctimas del terrorismo consultadas por el Gobierno de Navarra, sin excepción, a través de nuestras aportaciones, hemos propuesto la creación de un reglamento administrativo, a imagen y semejanza de otras leyes, actualmente vigentes, de protección a otras víctimas de otras violencias también injustas. 

Este reglamento propuesto contemplaría la catalogación de lugares de memoria a las víctimas del terrorismo, regularía su protección y definiría distintas categorías de infracciones, fijando las sanciones correspondientes para estas. Igualmente establecería un registro de infractores inhabilitándoles para recibir ayudas públicas. Estas propuestas, vigentes para otros supuestos, han sido desestimadas para nosotros. Más allá de las necesarias modificaciones técnicas y de la reapertura de plazos de solicitud de las ayudas económicas complementarias, las víctimas exigimos que se pongan en marcha todas las herramientas posibles para tratar de acabar de una vez por todas con esa situación de impunidad. Esto constituye, sin duda, gran parte de la “problemática actual del colectivo de víctimas”, pero, además, esas afrentas que recibimos nosotros de manera individual, consideramos también que son afrentas hacia toda la sociedad. Otras reclamaciones desatendidas son la reserva del 2% de empleo público para víctimas del terrorismo (a imagen y semejanza también de otras leyes en vigor) y la de activar todos los mecanismos necesarios para impedir a condenados por terrorismo el acceso a la docencia pública. Todas ellas desatendidas en el texto propuesto. Resulta incomprensible que un condenado por delitos sexuales no pueda acceder a dar clases ni a realizar ninguna actividad que implique contacto habitual con menores y, sin embargo, un condenado por terrorismo si pueda hacerlo. 

Cuando hablamos del terrorismo y de la docencia en Navarra, pensamos inevitablemente en ETA porque es el terrorismo que nos ha tocado padecer, pero, retomando el tema del origen de la violencia terrorista, el legislador debería trabajar con responsabilidad pensando en la norma y sus consecuencias independientemente del origen ideológico de la violencia. ¿Hay terroristas buenos y terroristas malos? ¿Podemos considerar admisible que una persona que no ha dudado en matar o colaborar para matar, sea cual sea la causa por la que haya decidido hacerlo, sea responsable de la educación de menores? Consideramos que la educación es trascendental y en este sentido hemos solicitado también incluir en el currículo educativo, de forma obligatoria, el estudio del terrorismo de ETA en España y especialmente en nuestra comunidad. El conocimiento de nuestra historia es el mejor antídoto para la no repetición. La memoria más reciente también forma parte de la memoria histórica y estamos aquí para dar testimonio de ella. Nosotros podemos, queremos y deberíamos ser parte de esa transmisión. Llega ahora el turno de enmiendas y debate parlamentario para modificar esta ley de 2010 y crear una nueva norma de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo. 

El Gobierno nos ha pedido aportaciones y se las hemos dado. Ahora llega el turno de los legisladores; pueden construir esa norma oyendo a los interesados o ignorándonos. 

José Ignacio Toca, Leticia Martín, Mª Paz Prieto, Olga Izquierdo, Íñigo Pascual y Raquel Múgica. Junta directiva de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE)