El pasado 19 de agosto, el Gobierno de Navarra anunció la aprobación del Decreto Foral por el que se establece el currículo de la Educación Básica Obligatoria y de las Estructuras Específicas en la Comunidad Foral de Navarra. Si bien la noticia señala correctamente que el Consejo Escolar de Navarra, en su sesión plenaria celebrada el 24 de junio, emitió dictamen favorable al proyecto normativo, desde CERMIN queremos dejar constancia de nuestra discrepancia, manifestada tanto durante dicha sesión como en las fases previas de exposición pública. Por tanto, la aprobación de esta norma no responde a un consenso entre todos los agentes implicados en la educación del alumnado con discapacidad. Desde CERMIN reconocemos que el contenido de la norma puede constituir una herramienta útil para unificar criterios, orientar la intervención educativa y ofrecer un marco común a docentes, centros de educación especial y estructuras específicas que atienden al alumnado con grandes necesidades de apoyo, de manera similar a otras medidas de refuerzo y adaptación educativa existentes en las distintas etapas. Nuestra discrepancia se centra, fundamentalmente, en otorgar a esta propuesta el rango y la consideración de currículo, por varias razones.

La Educación Especial se configura en la legislación estatal como una modalidad de escolarización o una medida de respuesta educativa para determinado alumnado con necesidades educativas especiales, pero no como una enseñanza diferenciada dotada de un currículo propio. A nuestro juicio, las medidas previstas deberían haberse articulado como adaptaciones del currículo ordinario, dentro del marco común del sistema educativo y en coherencia con un modelo de educación inclusiva, al igual que ocurre con las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones curriculares no significativas o las adaptaciones curriculares significativas. Asimismo, consideramos que la regulación planteada suscita dudas sobre su plena adecuación al artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la interpretación realizada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Observación General nº 4 sobre el derecho a la educación inclusiva. A esta cuestión se suma otra especialmente relevante: la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en la elaboración de las políticas que les afectan.

El artículo 4.3 de la Convención establece que, en la elaboración y aplicación de legislación y políticas, así como en los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, las administraciones públicas deben “celebrar consultas estrechas y colaborar activamente” con ellas a través de las organizaciones que las representan. CERMIN, como entidad representativa del movimiento asociativo de la discapacidad y sus familias en Navarra, no fue consultado durante la elaboración inicial de esta norma ni llamado a participar en las sesiones de trabajo organizadas para su diseño. Consideramos que la participación de las entidades representativas desde las primeras fases habría permitido incorporar su conocimiento y experiencia y facilitar la búsqueda de consensos, especialmente en una cuestión tan relevante como la propia concepción y denominación de la propuesta. Por todo ello, desde CERMIN advertimos del riesgo de que la consideración de un currículo específico termine configurando un marco educativo paralelo al currículo común, en lugar de constituir una herramienta de adaptación y apoyo dentro de un único sistema educativo inclusivo. La atención educativa del alumnado con mayores necesidades de apoyo requiere recursos, herramientas específicas y respuestas adaptadas a cada persona. Pero la intensidad o especificidad de los apoyos no debería traducirse en la creación de itinerarios educativos separados del marco común. La regulación autonómica debe avanzar en coherencia con el marco básico estatal y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. El reto no consiste únicamente en ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado que necesita mayores apoyos, sino en hacerlo sin perder de vista el horizonte de un sistema educativo verdaderamente inclusivo.

Mariluz Sanz Escudero. Presidenta del CERMIN.