Los gobiernos del cambio en Navarra son, definitivamente, una ruina. Los pésimos resultados del reciente informe PISA en materia educativa son el último clavo en el ataúd de una Comunidad foral cuesta abajo y sin frenos desde 2015. Recordemos, una vez más, que en dicha fecha lo liderábamos todo. Al desplome sin precedentes de nuestro sistema educativo se suman las listas de espera médicas más altas jamás conocidas, con galenos a la fuga, y el palmario fracaso de las intervencionistas políticas habitacionales, como lo acredita el hecho de que los solicitantes de vivienda protegida se hayan quintuplicado desde entonces. Y todo ello, recordémoslo también, con una fiscalidad desbocada. Con Yolanda Barcina, los navarros trabajábamos para pagar a Hacienda hasta el 30 de abril, y hoy, con María Victoria Chivite, lo hacemos hasta el 20 de agosto, y subiendo… 

Soy incapaz de entender por qué cuanto más invertimos en sanidad y educación, peor funcionan estos servicios públicos. Y, entre tanto, ¿a qué se dedican nuestros políticos? Pues a abrir el melón de la reforma de la Ley de Amejoramiento, base de nuestro régimen foral. De todos es sabido que los mayores enemigos de nuestro autogobierno son los nacionalistas vascos, que sueñan con relegar a Navarra a un herrialde más de una Euskadi dirigida desde Vitoria o Bilbao. Ello explica que el PNV y Euskadiko Ezkerra se opusieran ferozmente a la vigente Ley de 1982, y que los batasunos ni siquiera se dignaran a aparecer en la sesión en la que se votó la norma más importante de todas cuantas afectan al Viejo Reyno. Teniendo en cuenta que Chivite está tan sometida a Bildu como Pedro Sánchez lo está a Mohamed VI, hemos de estar vigilantes. La presidenta alude a la necesidad de “blindar al máximo nivel competencias, servicios y derechos”, amenazados por la derecha come niños. Habida cuenta de la desastrosa gestión de la cirbonera y de sus socios, yo creo más bien que habría que blindar a Navarra de los gobiernos nacional socialistas... 

No se puede resolver un problema partiendo de un diagnóstico equivocado. No fallan las normas, que son las mismas que regían cuando Navarra alcanzó la excelencia, sino los gobiernos. Y es que no necesitamos más competencias, sino ser capaces de ejercer las que ya tenemos en beneficio de Navarra, dinámica que se quebró con Uxue Barkos, que utilizó nuestra codiciada autonomía legislativa, especialmente en el ámbito fiscal, para hacer a los navarros de peor condición que el resto de los españoles. Buena parte de la pérdida de competitividad de Navarra, de la fuga de talento, de su paulatina desindustrialización y del crecimiento de su PIB por debajo de la media nacional trae causa de ese imperdonable error, no enmendado por quienes la sucedieron en el cargo. Uno de los análisis más lúcidos escuchados en la comisión parlamentaria que trabaja en la reforma del Amejoramiento lo debemos a un socialista, Aladino Colín. El exconsejero del PSN -de otro PSN- abogó por mantener el grueso de la LORAFNA, haciendo ajustes puntuales, con el mayor consenso posible. Recordemos que la actual ley fue refrendada por el 70% del Parlamento. El exdirigente se mostró contrario a incorporar en el texto estatutario un catálogo detallado de derechos pues, según afirmó, “las constituciones no hacen felices a los ciudadanos”. 

La consecución de los hitos propios del Estado del Bienestar, apostilló con razón, corresponde a las políticas de gobiernos y parlamentos. El art. 47 de la CE consagra, por ejemplo, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿De qué sirve dicho precepto si no se implementan las políticas apropiadas para hacerlo efectivo? El papel, lo sabemos bien, lo aguanta todo. El problema de Navarra, a mi juicio, es bien otro. Falta talento y liderazgo, y sobran normas y funcionarios. El milagro de la industrialización de Navarra vino de la mano de un par de prohombres que sabían lo que se traían entre manos y que se emplearon de hoz y coz en la consecución de los ambiciosos objetivos que se marcaron, con la inestimable ayuda de un puñado de empleados públicos tan entusiastas como eficaces. En 1964, año en el que se aprobaron los Planes de Promoción Industrial de Navarra, para que se hagan a la idea, había 20 policías forales. Los currículum de nuestros actuales representantes son penosos. Me pregunto si alguno de ellos ha pagado una cuota de autónomos. Contamos con decenas de miles de funcionarios, con IA a su alcance, supongo. 

El Boletín Oficial de Navarra, que recoge mayormente la normativa foral, sumó en 2025 la friolera de 46.354 páginas. El problema es que al frente del Viejo Reyno tenemos a una cuadrilla de zombis, pasmados y arreactivos, incapaces de actuar con la determinación y premura que los tiempos exigen y que los empresarios, a quienes debemos nuestra riqueza, reclaman insistentemente en vano. Lo peor, con todo, no es eso, sino la inexplicable mansedumbre con la que la sociedad navarra acepta el dolor. Y, todavía más, su previsible intención de dar en un futuro próximo un mayor protagonismo, si cabe, a la coalición más troglodita y amoral de Occidente. Una ciudadanía incapaz de cambiar aquello que no funciona no merece estar mejor de lo que está. Y para que así conste, firmo la presente, a la espera de ser incluido, aunque no soy propiamente periodista, en la lista negra del Ministerio de Interior español.

 Manuel Sarobe. Notario