Las ideologías casan mal con los principios éticos. No solo los eclipsan. Apelan a valores y los interpelan, una y otra vez, pero después actúan como los fuegos artificiales: tratan de deslumbrar hasta que se desvanecen. Nada tienen que ver con la realidad. Aluden con insistencia a principios: libertad, dignidad, respeto, compasión, solidaridad, pero luego los eluden. Los ignoran por completo. Esa tensión dialéctica se pone de manifiesto en la situación que viven miles de inmigrantes en Ceuta, en su mayoría jóvenes marroquíes, que abandonaron su país buscando una vida mejor. Entre ellos cientos de menores que dejan atrás situaciones de pobreza o miseria, desamparo, falta de futuro. Entre tanto, la inmigración, fenómeno connatural a la historia de la humanidad, es utilizada una y otra vez como arma arrojadiza de confrontación. Arma política. 

Sin embargo, en esta crisis la dimensión humanitaria no parece haber sido la prioridad. Una prueba ostensible es la escasa atención que han recibido las ochenta personas que han perdido su vida ahogados en la desesperación. No cuentan… Tal vez, el horizonte de las próximas elecciones en España y en otros países de la Unión Europea actúe como telón de fondo. Es posible que el auge de los partidos de extrema derecha haya irrumpido empañando las miradas de los dirigentes políticos al tiempo que ha ido oscureciéndolas. Y cabe pensar también que el miedo a la reacción de la opinión pública, a escasos meses de convocar las urnas, esté lastrando la toma de decisiones. Según el Financial Times, el movimiento xenófobo que fomenta la “reemigración” no deja de subir en las encuestas, tanto en Reino Unido como en Alemania, donde el partido AFD la incluye como uno de sus ejes del programa electoral. En EE UU, Elon Musk escribió el 25 de julio pasado que “cualquiera que no apoye la reemigración es un traidor”. Del mismo modo, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Sthephen Miller, ha reconocido que “el plan de Trump para acabar con la invasión de las pequeñas ciudades de EE UU es la reemigración”. 

En cualquier caso, más allá del discurso ideológico, volviendo a la situación que se vive en Ceuta, los datos referidos a los menores no acompañados no deberían ser magnificados. En el último año han sido trasladados a la Península 1.750 menores, provenientes de Ceuta, Melilla y Canarias, que equivalen concretamente al 0, 003 % de la población española. En cuanto a la posibilidad o conveniencia de devolverlos a su lugar de origen, con sus familias, conviene recordar que la Fiscal de Sala de menores, Teresa Gilbert, ha advertido que no tiene sentido el retorno precipitado de los menores no acompañados, dado que un menor inmigrante es una persona de una vulnerabilidad extrema. El protocolo establecido obliga a hacerles entrevistas personales con la presencia de intérpretes, valorar su situación personal, así como a realizar un informe de la situación familiar en origen para constatar que no se le envía a una situación de desprotección. En todo momento el bien jurídico a proteger es el bien superior del menor. 

Se trata de criterios aplicados a todos los menores que llegan a territorio español de manera irregular, para los cuales se han establecido garantías legales de obligado cumplimiento, recogidas en tratados internacionales: Convenio Europeo de Derechos humanos, Convención sobre los derechos del Niño o la Ley de Protección Jurídica del menor. La Fiscal precisó igualmente que la decisión de proteger y enviar 500 niñas a la península responde a la prioridad de atender a las personas con mayor vulnerabilidad. Son niñas que han podido padecer acoso, violencia sexual o distintas formas de explotación. Existen antecedentes de devolución. Y no cabe duda de que la situación vivida en 2021 sirve de advertencia. Entones fueron devueltos a Marruecos medio centenar de menores de los 1.200 que fueron filiados en la entrada masiva de 10.000 migrantes, que había tenido lugar tres meses antes. Sin embargo, después de la repatriación, la Audiencia de Cádiz condenó a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos a la ex Delegada del Gobierno de Ceuta y a la ex Vicepresidenta primera de la ciudad autónoma por un delito de prevaricación administrativa. 

La sentencia dio por probado que la repatriación de menores se produjo, tras recibir directrices del Ministerio de Interior, sin ajustarse al procedimiento legal. Otra cosa distinta son los medios que se requieren, tanto técnicos como humanos, para tramitar cada caso. Para lo cual las instituciones del Estado deben llevar a cabo el mayor esfuerzo posible con carácter inmediato. Lo cual requiere voluntad política y determinación, así como trasladar un mensaje claro. Pero también se necesita coordinación entre las Comunidades Autónomas. Sin olvidar poner en práctica principios éticos como responsabilidad, dignidad y solidaridad. 

F. Javier Blázquez Ruiz. Catedrático de Filosofía del derecho. UPNA