El 22 de julio pasado, EE.UU y Arabia Saudí firmaron en Washington el llamado Acuerdo 123 de cooperación nuclear civil, junto a un convenio bilateral de salvaguardias. El pacto abre la puerta al enriquecimiento de uranio en suelo saudí bajo ciertas condiciones y prescinde del Protocolo Adicional del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), instrumento de verificación que otorga acceso reforzado a emplazamientos no declarados (nucleares o de doble uso).

El objetivo formal del acuerdo es diversificar las fuentes de energía del Arabia Saudí y reducir su dependencia del petróleo. Pero detrás de esa explicación económica subyace algo más trascendente: la posibilidad de que Riad siente las bases tecnológicas de una futura capacidad nuclear militar.

El acuerdo, sin embargo, no está cerrado. Al tratarse de un Acuerdo 123, amparado en la Ley de Energía Atómica de 1954, debe remitirse al Congreso estadounidense, que dispone de 90 días para revisarlo y podría bloquearlo mediante una resolución junto con el Senado. Varios senadores, han denunciado que el pacto “vende” la seguridad nacional al carecer de salvaguardias suficientes y exigen que Washington imponga antes el Protocolo Adicional del OIEA. Hasta que el Congreso se pronuncie, lo firmado en julio queda pendiente de entrada en vigor.

Para Washington, el pacto tiene, además, importantes implicaciones industriales al conceder a las empresas estadounidenses acceso preferente al futuro programa nuclear saudí. La Administración Trump inyectará miles de millones de dólares en su industria nuclear, comenzando por Westinghouse, diseñadora de buena parte de los reactores que EE.UU. vende en el exterior y que arrastraría tras a toda una amplia cadena nacional de suministro de ingeniería, componentes y combustible nuclear. Riad, por su parte, mantiene desde hace años un plan para construir hasta 16 reactores, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares, un mercado que Rusia (Rosatom) y China (CNNC) llevan tiempo cortejando con ofertas de financiación llave en mano. Ganar ese lucrativo contrato

frente a Moscú y Pekín permite a EE.UU. recuperar cuota de mercado, generar empleo industrial cualificado y mantener bajo su influencia política el futuro programa nuclear saudí, evitando proveedores menos comprometidos con la no proliferación.

A ello se suma un cálculo geopolítico más amplio: situar a Arabia Saudí como potencia nuclear “en el umbral”, tecnológicamente avanzada y aliada de Washington, resulta especialmente relevante si Irán terminara consolidándose como potencia nuclear. El propio príncipe heredero Mohamed bin Salman ha declarado que el reino buscaría el arma nuclear si Teherán la desarrollara primero, lo que convierte a Riad en pieza central de la contención estadounidense.

Ahí radica también el principal motivo de preocupación. Arabia Saudí es Estado parte en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pero nunca ha aceptado el Protocolo Adicional ni las salvaguardias reforzadas del OIEA. A diferencia de Emiratos árabes Unidos (EAU), que en su Acuerdo 123 de 2009 aceptó el “estándar dorado” (enriquecimiento de uranio y reprocesamiento de combustible nuclear gastado, que es de donde se puede extraer plutonio, apto para armamento), el texto saudí omite ese compromiso. Verificar mediante el OIEA cada fase del programa, y no solo confiar en garantías bilaterales, resulta indispensable para evitar que la cooperación civil derive en capacidad militar encubierta.

El acuerdo tiene, además, una dimensión diplomática decisiva y estrictamente política: Riad llevaba tiempo condicionando su adhesión a los Acuerdos de Abraham (y con ella la plena normalización de relaciones diplomáticas con Israel) a obtener antes garantías estadounidenses firmes para su programa nuclear civil. Sin ese firme respaldo político y tecnológico, el reino difícilmente habría dado el paso. Pero la normalización sigue sin ser segura: el propio Riad ha evitado comprometerse formalmente mientras no exista una hoja de ruta creíble hacia un Estado palestino, e Israel observa el programa nuclear saudí con evidente recelo. El propio exministro de Defensa israelí, Avigdor Liberman, sostiene que el programa civil acabará en armamento y podría desatar una carrera armamentística regional, mientras el ministro de Economía, Nir Barkat, lo acepta solo si es estrictamente energético. Los defensores del pacto confían en que el acuerdo nuclear actúe como incentivo decisivo para la normalización; los escépticos dudan de que baste por sí solo para superar ese escollo.

En un mundo donde solo quince Estados poseen centrifugadoras activas, la decisión resquebraja la doctrina de no proliferación vigente desde los años setenta: de un Oriente Medio con un único actor nuclear, Israel, se pasaría a otro con varios Estados “a un paso de serlo”. Conviene recordar que esta historia no empieza en Washington, sino en Islamabad: numerosos analistas sostienen que Riad financió parte del programa nuclear pakistaní en los años setenta y ochenta, y desde entonces circula la sospecha de un “paraguas” nuclear pakistaní al que Arabia Saudí podría recurrir si Irán llegara a nuclearizarse.

Como observó Kissinger, la proliferación nuclear altera tanto el equilibrio militar como el cálculo político de las naciones. En Oriente Medio, ese cálculo ya ha comenzado.

Joaquín Garro Domeño. Doctor en Seguridad Internacional. Vicente Garrido Rebolledo. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Universidad Rey Juan Carlos