La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que las Administraciones Públicas deben servir con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Los principios rectores de su actuación son, entre otros, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; la eficiencia en la utilización de los recursos públicos; la simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, y la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas.

Este preámbulo viene al hilo de los acuerdos adoptados por la Junta de Seguridad de Navarra recientemente celebrada entre el Gobierno foral y el Ministerio del Interior, en la que, además, de incrementar la plantilla de la policía autonómica en 400 plazas, se pactó fortalecer la coordinación entre los distintos cuerpos policiales para responder de manera más eficiente a las necesidades en materia de seguridad ciudadana.

A tal efecto se prevé implantar una Plataforma Única de Emergencias en el teléfono 112, que atenderá también las llamadas a los números 091 —Policía Nacional— y 062 —Guardia Civil—. Las urgencias policiales se asignarán así a los distintos cuerpos en función de la geolocalización y disponibilidad de sus respectivas patrullas. La medida es tan sensata que sorprende que no estuviera ya implementada. Recuerden que el GREIM de la Benemérita con base en Roncal hubo de desmantelarse porque el 112 dejó de derivarle avisos de rescate.

Y es que no parece razonable exigir al angustiado ciudadano envuelto en una emergencia que vaya marcando los números de urgencias de los distintos cuerpos hasta dar con el más apto para socorrerle con celeridad y eficacia, pues la vida le puede ir en ello. Cabe discutir si necesitamos hasta cuatro policías diferentes, pero, mientras coexistan, es palmario que han de actuar coordinadamente. A mí me resulta indiferente qué uniforme vista el agente que me atienda, pues, como dijo Deng Xiaoping, “gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones”. La plantilla de SOS Navarra ha mostrado su frontal oposición a esta medida alegando riesgo de sobrecarga. Es legítimo exigir garantías técnicas antes de implantar el nuevo modelo, pero lo que no resulta defendible es convertir la indudable mejora de un servicio público esencial en un nuevo pulso identitario. El rechazo de ELA, LAB, Geroa Bai y Bildu a esta iniciativa evidencia el crónico desprecio del nacionalismo vasco hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya expulsión de Navarra ya alentaron con campañas como “Alde Hemendik”.

Lo grave viene cuando los prejuicios nacionalistas se anteponen incluso al bien común. En 2020, un derrumbe en un vertedero de Zaldibar sepultó a dos operarios. La UME se ofreció a colaborar en su rescate. El Gobierno Vasco lo rechazó. El cuerpo de uno de ellos jamás fue recuperado.

No soy centralista; solo reclamo una gestión eficaz. Precisamente por eso, Navarra debería asumir las competencias en materia de tráfico buscando corregir el mal funcionamiento de la Jefatura Provincial, especialmente en materia de exámenes para obtener el carné de conducir. Lo mismo podría predicarse respecto de las saturadas oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social. No deberíamos recelar de la cesión a las autonomías de aquellas competencias que, aún siendo exclusivas del Estado, son susceptibles de delegación, si ello se traduce en una mejor prestación del servicio.

Resulta difícil de justificar, por lo demás, que la Administración sea mucho más eficaz cuando nos sanciona que cuando ha de velar por nuestro bienestar. Si usted se retrasa un solo día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, Hacienda le castigará sin piedad. Si se despista mínimamente en la obtención del ticket de aparcamiento en Pamplona, la empresa Dornier le denunciará ipso facto. No conozco ninguna otra ciudad tan antipática al respecto.

Ahora bien, si usted necesita que la Administración le proteja, no espere la misma diligencia. Nuestro Gobierno incumple sistemáticamente los plazos legales para el reconocimiento de prestaciones sociales como la renta garantizada o la evaluación del grado de discapacidad, trámites imprescindibles para que también los más vulnerables puedan llevar una vida digna. Unas cien personas mueren al año en Navarra en las listas de espera de la dependencia. Sin consecuencias, en este caso, para los funcionarios o políticos incumplidores.

Esta asimetría resulta todavía más irritante si tenemos en cuenta que cada vez nos cobran más por tratarnos peor. La recaudación fiscal bate récord tras récord, al igual que lo hacen las listas de espera médicas o la de peticionarios de vivienda protegida.

Y todo ello, permítanme la digresión, mientras Navarra se ofrece a ser la guardería de Marruecos. Un país que en lugar de garantizar un futuro digno a su propia gente dilapida sus recursos construyendo faraónicos estadios de fútbol con los que pretende arrebatarnos la final del Mundial a cuya organización le invitamos cándidamente... Cada vez resulta más complicado saber si, más allá de cumplir las hipergarantistas leyes españolas, estamos desarrollando una encomiable labor humanitaria… o haciendo el canelo.

Manuel Sarobe es notario.