La incursión ilegal masiva registrada en Ceuta el 30 de julio ha extendido en Europa una avalancha de miedo. La llegada irregular de al menos 80.000 personas a la frontera sur de España y de la Unión desató reacciones destempladas en países comunitarios cuando la inmensa mayoría de los indocumentados ya estaba de vuelta en Marruecos. 

Ahora, la difusión por redes sociales de una supuesta convocatoria para repetir el episodio el viernes 15 alienta controles a los viajeros entre España e Italia y enturbia el debate público en el continente. La vigilancia de los mensajes digitales aconseja a las autoridades españolas cancelar permisos y vacaciones de las fuerzas de seguridad y militares destacados en el enclave norteafricano, quienes dan credibilidad a los avisos. 

El Gobierno de Pedro Sánchez trata de evitar nuevas acusaciones de imprevisión, por la preocupación de que Marruecos vuelva a hacer dejación de la obligación de vigilar su lado de la valla. O permita más salidas a nado de su territorio como las que ya se han cobrado más de un centenar de vidas. Con la crisis humanitaria en Ceuta aún abierta de par en par, las sucesivas visitas de ministros no sustituyen al imprescindible plan que debe presentar el Ejecutivo para devolver la seguridad y la tranquilidad a los ceutíes. Un programa para el que tiene que recabar toda la ayuda que la Unión Europea pueda prestar en esta responsabilidad común, y que tiene como prioridad la atención integral a 1.400 menores no acompañados. 

Antes de abordar su conflictiva distribución entre las comunidades autónomas, se intentará el reagrupamiento familiar. Una ocasión inmejorable para que Rabat acredite su condición de “aliado fiable”. Mención aparte merece que, para algunos miembros del club comunitario, el Pacto de Migración y Asilo que blinda las fronteras ya no basta, a juzgar por el comunicado suscrito por las primeras ministras de Italia y Dinamarca.