Como se esperaba tras el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cuestiones prejudiciales (c.pr.) planteadas por la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal de Cuentas (TCu), sobre la amnistía (LOA), el TJUE falló con los matices que luego se expondrán, que la amnistía (LOA) en los términos planteados por la AN no vulnera la Directiva UE 2017 sobre terrorismo y tampoco la c. pr planteada por el TCu sobre la malversación amnistiable. Recuérdese que el Supremo (Penal) considera que no todo tipo de malversación está incluida en la amnistía, pero la planteada ante el TJUE no afecta al presupuesto de la UE, pues los fondos malversados por Puigdemont y sus secuaces no eran fondos comunitarios. Malversaron sí, pero no de la Unión Europea. Lo hicieron desviando partidas del presupuesto de Cataluña para sus fines inconstitucionales. La reacciones a la sentencia han sido de órdago. 

El gobierno, por boca del ministro Bolañós, declaró que como anticipó, la ley de amnistía salió de las Cortes Generales constitucional y respetuosa del Derecho de la UE, y tras su paso por el TC y el tribunal de justicia de la Unión Europea está limpia como la patena. No tanto Sr. Ministro, habría que añadir. Por su parte, el mundo independentista y nacionalista(PSC de Illa, incluido) han solicitado la ejecución inmediata del fallo para que el honorable prófugo Puigdemont pueda volver. Han cantado victoria como si el procés hubiese sido un éxito. Ni una cosa ni otra como veremos. El tribunal de justicia de la Unión Europea, de la mano de su presidente Lenaerts, jurista belga que profesó en la universidad de Lovaina y que ha tenido el detalle de leer personalmente el fallo en la lengua de Cervantes, ha dirigido un colegio de magistrados que han partido de la STC 137/2025, de 26 de junio del Tribunal Constitucional, que declaró de manera discutible la constitucionalidad de la amnistía en aras de la reconciliación nacional y de la forma de evitar un problema de secesión en Cataluña. 

En esa línea, el TJUE considera desde la perspectiva comunitaria que la reconciliación y la evitación de un grave problema de secesión justifica que las amnistías sean compatibles con el Derecho de la Unión. Pero no entra a valorar, no es su labor, si esa reconciliación ha sido real y efectiva. No obstante, el Tribunal de Luxemburgo señala que la adopción de la amnistía es una cuestión de competencia de los estados miembros, así como su revocación, apoyándose en este punto en anteriores pronunciamientos del TJUE. Es, por tanto, la revocación una clausula de salvaguardia para evitar un nuevo procés secesionista siempre que las Cortes Generales puedan revocarla, si existe un Parlamento nacional digno de tal nombre que quiera hacerlo. El fallo lo había anticipado el ex Comisario de Justicia de la UE Didier Reynders al afirmar que si un Estado miembro quiere suicidarse, la UE no lo va a evitar como ocurrió con el brexit, aunque siempre hay que recordar la frase atribuible al Canciller Bismarck (1871) cuando afirmó que “España es el país más fuerte del mundo; lleva siglos intentando destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido”. El segundo apunte hace referencia al terrorismo. Hemos visto imágenes de actuaciones del independentismo violento de los CDR (Comités de Defensa de la República) durante los días de la confusión del procés. 

Aquí el TJUE hila fino y deja a los jueces españoles la interpretación de los hechos siempre que se hayan producido violaciones de los derechos humanos. Sobre el regreso de Puigdemont, tan presente, el TC puede estimar su recurso de amparo en octubre que le posibilitaría volver, pero deberá ser prudente para no enfrentarse al Supremo y evitar un conflicto entre tribunales que utilizaría el Gobierno en su provecho. En definitiva, la justicia europea ha fallado con arreglo al Derecho de la UE, pero deja un margen a la interpretación penal de los jueces españoles, en materia de terrorismo, con los matices que expone. Con todo, los que malversaron con cargo al presupuesto catalán (nutrido no solo de impuestos que pagan los catalanes) se irán de rositas y algunos como el ex presidente Artur Mas (Junts), artífice del procés no perderá su lujoso piso en Barcelona. Es fácil hacer política independentista en España con el dinero de otros disparando con la pólvora del Rey.