El cerco judicial que rodea al plano más íntimo del presidente Sánchez, subió ayer un escalón más con la condena a nueve años de inhabilitación para empleo público de su hermano David Sánchez. La Audiencia de Badajoz lo ha condenado como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionada con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo y las presuntas irregularidades en su contratación. Además, el mismo tribunal ha condenado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez. La justicia asesta un nuevo golpe directo al entorno personal de Pedro Sánchez, que se suma a los múltiples casos de presuntas irregularidades que sacuden al PSOE, y que vienen jalonando la actualidad política durante ya demasiado tiempo como para seguir alimentando fantasmas de bulos y persecuciones judiciales. La pregunta no es cuánto más puede aguantar Sánchez al frente del Gobierno, sino hasta dónde se puede estirar una legislatura agónica y paralizada que está erosionando la imagen de país. 

Como viene siendo habitual, lejos de asumir responsabilidad ninguna, el Gobierno salió ayer en tromba criticando la sentencia. En una actitud tan dura como irresponsable por lo que tiene de ataque frontal a uno de los pilares del Estado de Derecho, fuentes del Ejecutivo consideraron una barbaridad y una injusticia la condena, porque creen que es evidente que es inocente y se ha tomado esa decisión contra él sin prueba alguna. Una cosa es mantener la presunción de inocencia y confiar que instancias judiciales superiores constaten la misma, y otra hacerlo alimentando teorías conspiratorias y señalando un posible lawfare. Una tesis muy peligrosa a la que, por supuesto, se apuntan varios de los socios de Sánchez. Este Gobierno está dispuesto a llevar la batalla del relato hasta las últimas consecuencias. Pero el camino de la justicia, de los autos y de las investigaciones judiciales sigue inexorable. Y por más que el locuaz ministro Puente quiera girar las tornas, habría que recordarle que si alguien ha tensando las costuras de las instituciones es precisamente su Gobierno, entro otras cosas con la inefable ley de Amnistía que les permitió seguir en el poder. El día que Sánchez caiga lo hará por méritos propios. Que los tiene, y muchos.