La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este lunes ha vuelto a poner de manifiesto que la verdadera prioridad del Gobierno es aplazar la imprescindible reforma del sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda ha optado por una propuesta que envía el peor de los mensajes posibles. La idea de permitir que cada comunidad autónoma tenga un objetivo de déficit “a la carta”, adaptado a sus necesidades, supone en la práctica abrir la puerta a que cada administración se endeude según le convenga. Endeudarse, lejos de tener coste, parece tener premio. Resulta difícil entender esta decisión desde la responsabilidad fiscal. Más aún cuando el Ejecutivo continúa sin presentar una reforma del modelo de financiación y sigue sin despejar la incógnita de si cumplirá con su obligación constitucional de presentar unos Presupuestos para este año o ya para 2027.

¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA

Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF

Leer ahora

Gobernar sin cuentas públicas y flexibilizar al mismo tiempo los límites de déficit transmite una preocupante sensación de improvisación. La medida refleja, además, que el Gobierno ha entrado en modo electoral y considera secundario el cumplimiento de las reglas fiscales comprometidas con la UE. Y todo ello a pesar de que la recaudación de impuestos vuelve a marcar cifras récord. Los ciudadanos pagan más impuestos, tanto mediante subidas explícitas como a través de incrementos silenciosos, como la ausencia de deflactación del IRPF en un contexto de inflación. Sin embargo, ese esfuerzo adicional de familias y empresas no se traduce en una reducción del déficit público. El problema no es de ingresos, sino de descontrol del gasto. Punto este en el que han insistido organismos independientes como la AIReF. El Ejecutivo ha optado por el camino contrario. Convertir el endeudamiento en un incentivo político es una mala noticia para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para la credibilidad de la política económica española.