Diario de Navarra

Vaya semanita. Tórrida en lo climático e incluso más en lo político. Un final de junio que se parece a la traca ensordecedora que pone fin a los fuegos artificiales. Y con el verano por delante, que es la fórmula de Pedro Sánchez para lidiar a los escándalos de corrupción (presunta) que cercan a su partido, a su Gobierno e, incluso, a su familia. La novedad es que ya hay sentencia en el primer caso, el caso Ábalos-Koldo por la compra de mascarillas durante la pandemia. Aquí no nada presunto. Ya es verdad judicial. Lucrarse por la compra de mascarillas cuando España pasaba una verdadera agonía y morían miles de personas por una enfermedad que sembraba el pánico en la calle. Y, ahí, un puñado de desalmados buscaba hacerse rico con la desgracia de todo un país. Ese el trasfondo del caso Ábalos, trufado además de sórdidas historias de sexo, menosprecio a la mujer y afán desmedido por la buena vida. El mensaje de la sentencia. Lo más comentado de la sentencia del Tribunal Supremo son los cuatro años de condena para Víctor de Aldama, el empresario corruptor, que en la práctica no va a ingresar en prisión. Y, sí, claro que produce rechazo que quede fuera del castigo, en la realidad, el hombre que pagaba al entonces ministro desde la ambición del dinero. ¿Hay explicación? Solo una. El que los magistrados del Supremo envían así un mensaje claro a este lodazal de corrupción que enfanga el final de la Legislatura: quien colabore con la Justicia tiene premio. El mensaje tiene un puñado de posibles destinatarios y todos son clave para que se conozca la verdad de estos años en sede judicial. Leire Díez es una de ellos. Está implicada, para empezar, en el caso de las cloacas del PSOE para urdir confabulaciones contra policías y fiscales que investigaban la corrupción. Pero también lo está en el “caso SEPI”, una presunta trama de cobro de comisiones por ayudar a sus clientes a hacer negocios con firmas públicas. Ya anuncian los periodistas que siguen su caso que la intención de Leire sería tirar de manta. Veremos. Otro posible destinatario del mensaje del Supremo es el empresario Julio Martínez, el amigo y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, según la UDEF, que tiene las claves de las generosas finanzas del ex-presidente. Esas que no paran de dar sorpresas cada cual más tormentosa, de los cobros por asesorías sospechosas a las joyas millonarias de su caja fuerte. Zapatero ha escogido como línea de defensa no demostrar su inocencia, sino pedir la nulidad por cuestiones procesales. Eso ya dice mucho. Los casos de Cerdán y Alonso. Pero la lista de hipotéticos colaboradores de la Justicia que los jueces buscan incentivar es más larga. El propio Santos Cerdán que lo sabe todo de la vinculación entre Ferraz y La Moncloa es clave. Si fuera verdad que Cerdán montó la red de cloacas con Leire Díez para proteger a Pedro Sánchez, ¿va a permitir que lo dejen tirado y que se coma él sólo el castigo haciendo de cortafuegos político y judicial? Y, por qué no, Antxon Alonso, el empresario amigo, y socio (según la UCO) de Cerdán, otro “tapado” que es clave y ha sido correa de comunicación entre la política y las empresas. Antxon Alonso, de ser dueño de una pequeña constructora (Servinabar) ha pasado a ser personaje central de esta tela de araña conforme avanzan las investigaciones judiciales. El registro de su casa en Elorrio y de sus oficinas en Pamplona (en una esquina de la calle San Nicolás, en pleno Casco Viejo), en junio de 2025, han sido el origen de varias investigaciones que se han ido independizando conforme avanzan. Primero fue un presunto cobro de mordidas por obras públicas. Luego se amplió también al caso SEPI, donde la UCO le acusa del cobro de comisiones a través de una empresa pantalla zaragozana, Mediaciones Martínez, con un nombre tan anodino como ideal para no levantar sospechas. Y su rastro aparece también en la maraña de empresas del caso Forestalia, presunto cobro de comisiones por gestiones entre administraciones y la gran empresa aragonesa de renovables. Mucha tela que cortar. Distintas varas de medir Y, no, lo que no vale es que los socialistas vean ahora en este recurso de los jueces (reducir pena para incentivar el arrepentimiento) como una persecución política contra ellos. Que hace un par de años fue el Gobierno del PSOE quién indultó al edil del PP que desveló la trama Gurtel con la misma filosofía que rechan ahora en su caso, explicada por el propio ministro Bolaños. No valen distintas varas de medir. El presidente Pedro Sánchez marcó una línea clara ayer en el Comité Federal de su partido convertido en un cierre de filas acrítico a pesar de la agonía política que viven los socialistas. Sánchez trazó una línea (“limpiaremos lo que tengamos que limpiar”)al dividir los casos de corrupción. Inaceptables unos (parece que hablaba de Ábalos, Koldo, Cerdán, etc..) y el resto. Los de su familia (esposa y hermano) que sigue considerando infundios y los que afectan al expresidente Zapatero. Cuidado con las líneas rojas. En esta historia, todas han ido cayendo.

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Colaborar con la justicia tiene premio

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