Pocas cosas resultan más ilustrativas de por dónde se dirige la legislatura para el presidente Pedro Sánchez y su gobierno, que lo ocurrido en el Congreso de los Diputados en los dos últimos días. Por más que desde el Ejecutivo pretendan sacudirse los varapalos políticos que les llegan, el hilo que les sostiene es cada vez más fino y débil. 

Su discurso y el intento de desviar la atención hacia la bancada de enfrente chocan con la tozuda realidad. Y con unos socios cada vez más temerosos de terminar pagando, como daños colaterales, unos escándalos de corrupción que acaben por vaciar de contenido creíble la acción gubernamental. 

Todos menos EH Bildu. La izquierda abertzale es plenamente consciente de lo rentable que le ha salido su alianza con unos socialistas que llevan dos legislaturas blanqueando a una marca política que sigue sin condenar el terrorismo etarra. 

Este jueves, el Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, emplazó al presidente Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Como era previsible, el Gobierno volvió a quitar importancia a la iniciativa con la displicencia que acostumbra. “Efecto político cero”, señalaron fuentes del Ejecutivo. 

Desde luego, es evidente que la moción aprobada ayer no tendrá ningún recorrido porque Sánchez y los suyos no lo quieren. Pero no es menos cierto que por mucho que quieran mantenerse en la resistencia numantina, la legislatura no da más de sí. “Gobernar no es resistir, pero tampoco desistir”, afirmaba Sánchez. Muy en su línea, ni una cosa ni otra, y dejar que el tiempo siga pasando. El presidente vuelve a optar por la fuga hacia delante, mientras la imagen de las instituciones y la credibilidad del país pierde enteros. Las fechas se suceden, la gobernabilidad no avanza, y, con este panorama, pensar en que se pueden sacar adelante unos nuevos presupuestos generales es mucho más que quimérico.