El pasado jueves nos enterábamos de que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) dictaba una Resolución por la que se incoaba un procedimiento sancionador contra Pedro Andrés López Vera, ex director general de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial, y contra Pablo González Sánchez, director del Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial, por la presunta comisión de una infracción tipificada en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, fecha en la que Lorenzo Serena, en su condición de vocal secretario de la Mesa de contratación en la licitación de las obras del proyecto de construcción de “Duplicación del túnel de Belate”, puso en conocimiento de la OANA distintos hechos acaecidos durante la tramitación de la referida contratación en la medida en que pudieran revelar una mala práctica administrativa. Posteriormente, Lorenzo Serena se presentaba a la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de Técnico de Administración Pública (rama jurídica) resultando adjudicatario de una de esas plazas adscrita a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial, plaza que en la fecha de la convocatoria se ubicaba en la Avenida San Ignacio de Pamplona. Y plaza que, unos días antes de que Lorenzo Serena tomara posesión de la misma, y por Resolución del director general de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial, fue cambiada ubicándola en el Polígono de Landaben. Lorenzo Serena solicitó a la OANA protección ante el cambio de adscripción de la plaza conseguida, y la OANA, teniendo en cuenta la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, constató que el cambio de adscripción de esa plaza constituía un acto de represalia contra Lorenzo Serena. La OANA requirió al Consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la inmediata anulación de la Resolución del director general de Obras Públicas e Infraestructuras por la que se modificó la adscripción de la plaza adjudicada a Lorenzo Serena por ser un acto nulo de pleno derecho. El Consejero de Cohesión Territorial mostró su disconformidad con que la OANA considerara ese hecho un acto de represalia, pero acató la resolución y se procedió a dejar sin efecto la modificación de la adscripción de la plaza.

El Consejero Chivite, cómplice necesario de la actuación del entonces director general de Obras Públicas, Pedro Andrés López Vera; el propio López Vera, y el director del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez, intentaron justificar ese cambio de ubicación de plaza como un tema de “reorganización” del servicio. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas y ambos directores entraron en contradicción en sus intervenciones en las comisiones de investigación del Senado y Parlamento de Navarra, respectivamente, confesando el director del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez, que fue el director general de Obras Públicas, Pedro Andrés López Vera, el que propuso “sacar del edificio” (Avenida San Ignacio) a Lorenzo Serena. ¿Y qué ha dicho el Gobierno de Navarra, por boca de su portavoz, Javier Remírez, ante la apertura del expediente sancionador a esos dos directores? Pues que la OANA “no ha dicho aún que hubo una represalia”. La directora de la OANA, en la Comisión de Investigación del Parlamento, habló de “represalia de manual”, pero igual le pilló a Remírez militando en redes sociales o preparando su viaje a China y no se enteró. Remírez también ha dicho que el Gobierno no es parte en el procedimiento, y que el expediente sancionador es de “un particular frente a dos particulares”. 

Dos directores, cargos de libre designación del Gobierno de Navarra, uno de ellos firmante de resoluciones, y un funcionario de carrera, los tres en ejercicio de sus funciones, ¿se consideran personas “particulares”? ¡Menuda majadería! Y Remírez, atendiendo al manual de buen sanchista, se ha espulgado aludiendo a la derecha, a la “estrategia de extensión generalizada de sospechas”, y bla bla bla. Todo dicho mientras el Departamento que dirige firmaba un Decreto Foral que dice lo siguiente: “… resulta indispensable contar con la colaboración de las personas trabajadoras del sector público y del conjunto de la ciudadanía, que deberán disponer de canales seguros para informar a los poderes públicos y que permita tener conocimiento temprano de las conductas irregulares o infractoras que puedan producirse en el seno de la organización, previniendo o evitando los consiguientes daños reputacionales y económicos y, simultáneamente, garantizando a las personas informantes que su conducta cívica no les acarreará perjuicio ni represalia alguna”. 

Una forma como otra cualquiera de llenar el BON de trolas a la vista de lo sucedido con los funcionarios que han mostrado discrepancias. Que se lo pregunten a Lorenzo Serena. Y que se lo pregunten también al auditor de la Cámara de Comptos, cuya profesionalidad fue públicamente cuestionada por el hecho de ejercer su derecho a discrepar en algunos puntos del Informe de Fiscalización de las Cuentas Generales de Navarra 2024.

¿Alguien duda de por qué Javier Remírez suspendió la primera prueba de la oposición a Técnico de Administraciones Públicas (TAP), rama jurídica, prueba tipo test que constó de cien preguntas sobre, entre otros temas, derecho administrativo y derecho público de Navarra? Pues eso. Estamos a nada de que nos diga que Ábalos y Koldo han sido condenados por ser socialistas y feministas.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política.