La justicia ha reconocido la incapacidad permanente total a una gerocultora (profesional encargada de la asistencia a personas mayores) que padece una cardiopatía. La Seguridad Social ya le había concedido la incapacidad en 2023, pero la revocó al año siguiente al apreciar una mejoría que ahora la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia nº 3 de Pamplona ha rechazado que exista, por lo que estima la reclamación de la trabajadora. “Las limitaciones en la carga de pesos y en los esfuerzos moderados afectan directamente al núcleo esencial de su profesión habitual, impidiendo el ejercicio de la misma”, resuelve.

La trabajadora tiene 29 años y padece una cardiopatía congénita. En junio de 2023, la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente total al considerar que la patología le provocaba limitaciones como astenia (sensación de cansancio generalizado), dolor en el esternón y bajo estado de ánimo. Sin embargo, dicha resolución fue revisada de oficio 14 meses después y revocada al apreciarse una mejoría. La gerocultora, defendida por la abogada Berta Sanz Corretgé, recurrió.

La sentencia que ahora le da la razón subraya que la cardiopatía que padece la demandante no es operable y que su estado es seguido tanto en el Hospital Universitario de Navarra como en el Hospital de La Paz, centro de referencia en cardiopatías congénitas. En junio de 2024 ya se le reconoció un grado de discapacidad del 36%.

Para la magistrada, la mejoría apreciada por la Seguridad Social no se ha producido, según todas las pruebas del caso. La sentencia resalta especialmente dos informes de cardiología de los dos hospitales donde siguen su enfermedad. Concretamente, uno mantiene como limitaciones “los esfuerzos intensos y la carga de peso superior a 10 kilos”, y el otro “recomienda evitar esfuerzos intensos y cargar peso”. Un perito, además, fue “tajante” al asegurar que la trabajadora también presenta disnea (dificultad para respirar), lo que le impide realizar esfuerzos y cargar peso, exigencias habituales de su profesión. La situación de incapacidad, añade la resolución, será revisada en dos años.