El informe del Banco de España correspondiente a 2025 ha puesto negro sobre blanco lo que, no por sabido, deja de ser un aldabonazo en un momento en que las políticas públicas parecen atenazadas por un degradante contexto de corrupción y hostilidad partidaria: la crisis de la vivienda en España se ha convertido en “un enorme problema social”. Tan retador y transversal como para estar expulsando del mercado a los sectores más vulnerables, para constreñir las opciones de las clases medias y empezar, incluso, a repercutir en las altas. La distancia entre una demanda imparable, producto en buena medida de la llegada de inmigrantes y su afianzamiento entre nosotros, y una oferta pública y privada insuficiente cifra en 750.000 los pisos que hacen falta para salvar esa brecha; y que mientras se agranda no hace más que encarecer los precios, lo que dispara los alquileres y las dificultades para adquirir un hogar en propiedad. 

Problemas que se agravan cuando se trata de personas jóvenes o nacidas fuera de nuestro país, que necesitan la renta neta de 7,5 años para comprar un inmueble. Un dato demoledor: el acceso a la vivienda en propiedad entre los jóvenes de 18 a 35 años se ha desplomado a la mitad desde el año 2007. Todo ello configura un círculo perverso que las administraciones siguen mostrándose incapaces de revertir, y el caso de Navarra no es una excepción. El de la vivienda es un ejemplo más, palmario, de la diferencia entre el discurso sostenido por la clase política y la real eficacia de las políticas puestas en marcha. De poco sirve manifestar una preocupación por las dificultades de una buena parte de la sociedad para acceder a una vivienda si luego se aprueban leyes que no terminan de dar el resultado esperado, y tampoco se evalúan ni modifican. Los grandes retos exigen altura política y amplios consensos que ayuden a poner foco real en la búsqueda de soluciones. Pero, desgraciadamente, en nuestro país, con una polarización política rampante, ese es hoy un escenario impensable.