Editorial
Zapatero, crisis de confianza
El expresidente se arriesga a perder su mermado crédito al pedir más tiempo para probar su inocencia en el ‘caso Plus Ultra’, mientras sigue sin ofrecer una explicación coherente sobre las joyas y el juez se ratifica en la gravedad de los indicios de delito

Publicado el 18/06/2026 a las 05:00
La histórica declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional como imputado en el ‘caso Plus Ultra’, convertido en el primer expresidente del Gobierno investigado de la democracia, se saldó este miércoles sin la imposición inmediata de medidas cautelares, pero con la sombra de la sospecha sobre los presuntos delitos que le imputa el juez.
Lejos de despejar las dudas, el exlíder socialista optó por una estrategia de repliegue y dilación tras casi un mes de silencio: solicitó más tiempo al tribunal para poder aportar pruebas que demuestren su inocencia. Aprovechó la comparecencia para negar con rotundidad cualquier participación en el rescate de la aerolínea y en la trama de influencias que destapa la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), mientras sigue sin ofrecer una explicación coherente sobre las valiosas joyas encontradas por los agentes en una caja fuerte de su despacho.
La prórroga solicitada contrasta con la firmeza del instructor, José Luis Calama, quien ratificó los “indicios racionales de criminalidad” que motivaron su señalamiento judicial. Zapatero lo negó todo, pero el magistrado parece que no le creyó en nada.
La imagen de Zapatero, referente para Sánchez y el progresismo que sostiene su mandato, se ha devaluado por las revelaciones de la UDEF hasta convertirle en un lastre político. De la declaración que seguirá este jueves depende buena parte del futuro procesal del exjefe del Gobierno y de la precaria estabilidad de la legislatura. Aunque Zapatero negara la mayor -ni liderazgo en trama alguna, ni participación en Plus Ultra, ni sociedades en el extranjero-, el asunto nuclear en este escándalo es si el expresidente utilizó su acreditada influencia política para favorecer el rescate de la aerolínea.
El imputado insiste en que los 490.780 euros recibidos de la empresa Análisis Relevante son sus honorarios legales por informes de geopolítica y consultoría global. Pero reconocer que se trataba de un “contrato verbal” no está a la altura de la dignidad exigida a un exjefe del Gobierno. El expresidente afronta una severa crisis de confianza.