La novela sobre la adjudicación de las obras del túnel de Belate suma capítulos grotescos para este Gobierno. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) ha abierto un proceso sancionador contra el anterior director general de Obras Públicas y el director del servicio de Conservación, porque entiende que hubo una “represalia” contra quien denunció el caso de Belate. Casi nada. 

Habrá que ver en qué acaba, pero ambos se enfrentan a una jugosa multa por haber modificado la plaza del letrado y ubicarla en una nave en Landaben. El Gobierno de Chivite, que dio marcha atrás, sigue insistiendo, los hechos se remontan a hace un año, en que nada de represalia, sino que era “una reorganización administrativa”. Claro. Pero para mandar a galeras a quien tuvo la osadía de denunciar las irregularidades que vio. Y quien quiera entender, que entienda. De aquellos barros vienen estos lodos. Aunque la vistan de seda, la represalia, represalia se queda.