No hay empeño más peligroso que convertir también la Justicia en una trinchera política. Es el deporte favorito del independentismo catalán y vasco desde tiempo inmemorial. Y ahora lo es también del PSOE de Pedro Sánchez, que no hay manera más sencilla y simplista para sacudirse las acusaciones de corrupción que ver conspiraciones de los jueces por todas partes. Una cortina de humo que se deshace sola. Para tumbar este mantra basta con seguir atento a la actualidad. Caso Rodríguez Zapatero: joyas valoradas en 1,3 millones en su caja fuerte para estupefacción general, ¿pero qué explicación tiene eso? Y no hay mejor manera de tumbar este mito conspirativo que leer las decisiones judiciales. 

Justicia y Gobierno. Lo obvio hace mucho tiempo que dejó de serlo. El ministro Óscar López lanzaba esta semana una nueva andanada contra los jueces. "La Justicia no gobierna, gobierna el Gobierno”. Claro que es así. Debe ser así. Y quien primero lo pone en duda son los ministros como el propio López que sugiere que los jueces quieren imponerse al Gobierno. Claro que hay algunos jueces que se equivocan o no hacen bien su trabajo. Por eso el trabajo de la Justicia, como el de todos, es criticable. Pero desde el respeto institucional. Eso hace tiempo que no existe en España, porque una parte de la clase política se empeña en darle la vuelta a la tortilla y defenderse atacando jueces. Y lo que estamos conociendo en el caso de Leire Díez nos indica que en el seno del PSOE, de Ferraz, se orquestó una completa operación para torpedear precisamente las investigaciones judiciales y policiales sobre el entorno de Pedro Sánchez. Que incluía, presuntamente, chantajes y hasta sobornos. Y que pretendía desacreditar a la UCO, la unidad especializada de la Guardia Civil, que lleva el peso de la lucha contra la corrupción. Una enorme cloaca política pagada por el PSOE. Eso es lo que está investigando el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional precisamente. Por cierto, este caso, que ahora mismo es el epicentro de la actualidad nacional, nace judicialmente como una derivada de una investigación sobre Servinabar, Antxon Alonso (amigo y socio de Cerdán), Leire Díez y Vicente Fernández a la que el juez suma ahora a Santos Cerdán como cabeza impulsora. Es decir, de nuevo Navarra como la raíz desde donde se extiende y crece esta planta venenosa. 

Un Gobierno que no gobierna. Volviendo a la frase de Óscar López, lo único que no está haciendo el Ejecutivo ahora mismo es precisamente gobernar. Su mayoría en el Congreso, siempre inestable, se ha vuelto completamente inexistente. Sus socios van cada uno a lo suyo y el Ejecutivo no tiene fuerza ni para lograr una mínima coordinación entre ellos. Es un Gobierno incapaz de aprobar un Presupuesto desde hace tres años en un país que se va a enfrentar a la subida de los precios de la alimentación y de la energía que nos anuncian está al caer con la guerra de Irán inacabada. 

Navarra, Vox y Alzórriz. Que la política se ha judicializado, no cabe duda. Si seguimos hablando de ella, decisión relevante esta semana también en Navarra. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no ha admitido a trámite la querella de Vox contra Ramón Alzórriz, el que fue mano derecha de María Chivite en el PSN hasta hace un año, cuando dimitió al admitir que su mujer trabajó para Servinabar. La querella de Vox ligaba el troceamiento de un contrato en el parque de Sendaviva con las obras de reforma de la casa de Alzórriz, realizadas por la misma empresa y a un precio inferior al real según la acusación. Los magistrados señalan que sólo hay “sospechas y conjeturas” sin un sustento sólido y recuerdan que el Supremo estableció que investigar a un aforado (Alzórriz es parlamentario foral) exige “indicios de prueba cualificados” que no tienen en este caso como para vincular que tuviera poder de decisión en los contratos. Una decisión muy garantista que cierra el caso. Y que desmonta la mirada política socialista de que existe un “contubernio” judicial contra ellos. Qué no. Que la realidad es mucho más sencilla. Que en la gran mayoría de los casos que corroen las instituciones, lo que existen son sospechas de corrupción. Y para eso están los jueces. Para determinar sobre cuáles hay pruebas y sobre los cuáles no. Eso se llama Estado de Derecho y, a pesar de todos lo sinsabores, todavía funciona. Gracias a Dios.