Estos días estamos todos (o casi) rasgándonos las vestiduras ante las noticias de los abusos presuntamente cometidos por distintos grupos de políticos. No merece la pena repasar las decenas de casos. Pero sí creo que es importante señalar que son árboles, no bosque. Tramas como las de Belate, Hidrocarburos o Kitchen no pueden suceder sin la previa captura de las instituciones.

La trama es la consecuencia inevitable de la captura. No basta con que cuatro delincuentes se hagan amigos en un Peugeot y exporten las técnicas de Gabriel Urralburu a toda España. No basta con que estén dispuestos a pactar con quien sea para tener inmunidad parlamentaria.

Para poder controlar una mesa de contratación, para poder generar siete inspecciones de Hacienda a una juez incómoda, para que un conseguidor se pasee por un ministerio, para que se aplasten informes de un auditor de Comptos, para que se represalie a un denunciante, para que se acabe con OCON SUR o la UDEF, para que se invalide una sentencia del Tribunal Supremo... hace falta que las instituciones no sean independientes.

Ya sabemos que España tiene uno de los mayores índices europeos de injerencia de la política en la Justicia. También que tiene el mayor índice de injerencia en la administración pública, llegando a unos niveles comparables a Turquía en la influencia política en los responsables y sus ascensos. Así se explica que se toleren medidas ilegales (la reserva de puestos con requisitos lingüísticos es rechazada por los tribunales cada vez que se recurre, como pasó hace unos días en Navarra, y se sigue haciendo) y se descubran irregularidades por la prensa y no por denuncia de los funcionarios afectados (salvo los valientes que lo hacen y acaban represaliados). Así se explica que la ley sea optativa, como en Cataluña cuando hablamos de idioma o en la Barranca cuando hablamos de convivencia.

Es muy aburrido hablar de la ley de la función pública, o de la designación de magistrados de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas por los gobiernos regionales. Es muy aburrido hablar del incumplimiento de resoluciones del Tribunal de Cuentas (o de la Cámara de Comptos) o del Defensor del Pueblo. O de las sentencias que obligan a publicar datos. O de obligaciones constitucionales como la de presentar presupuestos. O de la manipulación de los medios de comunicación.

Lo sé bien: desde la Asociación Pompaelo llevamos años trayendo a nuestra ciudad a fiscales, jueces, magistrados, periodistas, expertos, para hablar exactamente de estas cosas. Temas y personas que hoy están de máxima actualidad, porque lo que veníamos avisando ya ha pasado, y se está demostrando delante de las cámaras.

Y nos seguimos quedando en el caso concreto, en el escándalo de turno. En la trama y no en la captura de las instituciones.

Pero esas son las defensas que tenemos frente al gato. Este gato, el anterior, o cualquier gato. Si nuestras instituciones no son independientes, si nuestra justicia no es independiente, si nuestros funcionarios no pueden denunciar sin consecuencias, si los ascensos policiales siguen sujetos a satisfacción política, si la fiscalía sigue sujeta a interferencias ministeriales, sencillamente no somos iguales ante la ley. Nos protegerá sólo si le parece bien al gato que mande. Estamos a merced del gato.

Pensar que cambiar de gato a uno de un color más agradable o mejor domesticado lo solucionará es engañarse, o peor. Ahí está la trayectoria del gato anterior, condenado por corrupción, partícipe en el reparto político del poder judicial y del Tribunal de Cuentas. Ahí está la acusación contra Montoro, hablando de leyes a medida. Ahí están las acusaciones contra casi cada partido que haya tocado poder. La historia dice que un gato sin cascabel es un peligro para los ciudadanos. Aunque haya gatos (es cierto) escrupulosamente limpios, a veces una pata no sabe lo que hace la otra (o lo que hace una concejal, o un consejero). Y pasa lo que pasa. Y cuando vuelven los gatos con peores costumbres, vuelve a pasar lo que suele.

Este país y esta comunidad necesitan leyes que aseguren la neutralidad política, y la cualificación técnica, de las designaciones a cargos de responsabilidad institucional. Leyes que protejan efectivamente al denunciante. Leyes que hagan obligatorio, con penas por incumplimiento, cumplir las resoluciones de las instituciones y agencias de control. Leyes que separen la fiscalía del poder ejecutivo. Leyes que separen la fuerzas de seguridad del interés partidista. Leyes que hagan más fácil, y no más difícil, el control de los políticos por la sociedad civil, mediante acusaciones populares o mediante iniciativas ciudadanas.

Y partidos que se comprometan, claramente, a implementar estas medidas. No un gato que simplemente pide que se quite al otro para ponerse él, prometiendo que va a portarse mejor pero sin ponerse el cascabel.

Miguel Cornejo es presidente de la Asociación Pompaelo.