Editorial
Éxodo empresarial español en Cuba
Grandes firmas hoteleras españolas y numerosas pymes ponen fin a su actividad en la isla por imposición de Donald Trump y sin la certeza de poder regresar

Publicado el 08/06/2026 a las 05:00
La ininterrumpida presión ejercida por Estados Unidos sobre Cuba en los últimos meses ha llevado a la isla a un asedio cada vez más insostenible. Sanciones financieras, bloqueos comerciales, apagones energéticos, aislamiento internacional: la administración Trump agudiza día a día la lenta agonía del castrismo. La novedad reciente es que el bloqueo que vive Cuba ya afecta seriamente al resto del mundo, incluida España.
El presidente Trump firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva que contemplaba la posibilidad de sancionar a bancos y empresas extranjeras que mantuvieran relaciones con compañías controladas por el régimen, entre las que se cuenta Gaesa, un holding empresarial cubano bajo el control de las Fuerzas Armadas de Cuba.
La medida incluía un ultimátum para que las empresas extranjeras pusieran fin a sus operaciones con Gaesa antes del 5 de junio. Y, así, Meliá, Iberostar, Barceló o NH -y un nutrido tejido empresarial formado por numerosas pymes y microempresas-, que han permanecido en las últimas décadas en Cuba explotando su atractivo en el Caribe, se han visto obligadas a apresurar su salida de la isla.
A día de hoy, resulta imposible determinar si podrán volver a gestionar los hoteles abandonados y, en tal caso, bajo qué condiciones. Incluso aquella posibilidad no garantizaría que pudiesen operar en el mismo mercado, debido a la caída en picado de los turistas -un 55,8% en 2026-, la falta de suministros, apagones, escasez de combustible y otras circunstancias cuyo impacto se notará a largo plazo.
Por si esto fuera poco, cabe esperar que Trump trabajará para que la transición del régimen resulte favorable a rivales estadounidenses como Marriott, InterContinental y Hyatt, entre otros. Las empresas españolas esperan que su salida sea un paréntesis y puedan mantener su presencia cuando la crisis amaine. Pero lo cierto es que la inseguridad jurídica es total. Ante este agravamiento, el sector se ha puesto en contacto con el Gobierno español con la esperanza de lograr una salida del atolladero. De momento, no existen medidas concretas sobre la mesa.