Las pensiones constituyen el pacto social con mayor reconocimiento de la democracia en España, el gran pilar del Estado del bienestar. Sin embargo, su pervivencia se examina con una manifiesta sensación de incertidumbre. El informe difundido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) deja una doble impresión entre los contribuyentes y el Gobierno: la regla de gasto se cumple formalmente, pero eso no quiere decir que el sistema de retribuciones sea sostenible a corto plazo, pues está al límite de su capacidad. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez puede respirar aliviado al esquivar por los pelos la aplicación de nuevos ajustes que le obligarían a inyectar ingresos, recortar gastos o ambas medidas a la vez. El alivio llega por sólo tres décimas: el estudio sitúa el gasto neto en pensiones promedio en el 13% del PIB para el periodo 2022-2050. 

En Navarra, las de jubilación absorben ya el 78,2% de todo el gasto público en pensiones, diez puntos más que a comienzos de siglo, y sólo en 2025 supusieron un desembolso de 2.415 millones de euros. Hace dos décadas, apenas sumaron 1.160 millones.

Además, este balón de oxígeno se ha conseguido a costa de cargar la deuda en la pesada mochila de las generaciones futuras. La factura sigue viva y pendiente de mayores transferencias públicas para poder garantizar el abono de las prestaciones. Ese es un mensaje trascendental para el pensionista actual, el trabajador que sostiene el sistema y los jóvenes que aspiran a incorporarse a él. 

Pese a la parálisis legislativa, el debate sobre el envejecimiento de la población, las menguantes tasas de natalidad y el impacto real de la inmigración en la Seguridad Social son asuntos cruciales que no convendría retrasar para cuadrar las cuentas. En este contexto, cobra una especial relevancia la advertencia de la nueva presidenta del organismo fiscalizador, Inés Olóndriz. Si no se actúa sobre el gasto, el dinero extra para pagar las prestaciones tendría que salir de otras transferencias del Estado, lo que podría restar fondos para otras políticas públicas esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.